Unos de los engañosos mantras utilizados por el Régimen borbónico para avasallar a sus súbditos es el de la sostenibilidad y la resilencia.  Otra vez se está cumpliendo la profecía de Platón en La República de “la democracia como antesala de la tiranía”.  Ahora bajo la forma provisional de ineptocracia, que según Jean D´Ormesson es  «Un sistema de gobierno en el que los menos preparados para gobernar son elegidos por los menos preparados para producir, y los menos preparados para procurarse su sustento son regalados con bienes y servicios pagados con los impuestos confiscatorios sobre el trabajo y riqueza de unos productores en número descendente”. Tal forma de gobierno no es sostenible, no puede mantenerse indefinidamente en el tiempo ni tampoco resileente pues siempre termina rompiéndose como las soldaduras mal hechas,

El gobierno comunista de Su Majestad contra cualquier virtud o sentimiento patriótico abre una nueva vía de agua para facilitar el hundimiento del tinglado perjudicando o saboteando tal fementida sostenibilidad. Y como se niega a cumplir la constitución y a presentar presupuestos ni proyectos de leyes al parlamento lo perpetra por la vía dictatorial del Real Decreto, que firmara complaciente con su mejor pluma de ganso el imbel real que presume de constitucional. Un personaje cómplice de su propia destrucción, en una especie de incomprensible suicidio asistido.

La última traición es la regularización multitudinaria de invasores de todas clases y categorías cuyo interés es oportunista, partidista, sectario y va a aumentar los gravísimos problemas ya existentes en este calamitoso reino filipino que va derecho al sumidero.

En este proceso de devastación nacional es paradójicamente cómplice la CEE. En efecto, la Conferencia Episcopal Española que calla ante las aberraciones del gobierno de Su Majestad viene respaldando públicamente una regularización amplia de extranjeros en situación ilegal. En abril de 2024, la Oficina de Información de la CEE difundió un comunicado en el que diversas entidades de Iglesia solicitaban a los grupos parlamentarios del Congreso que tomaran en consideración la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Entre las organizaciones firmantes figuraban Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos y distintas redes de ONG de inspiración eclesial. La ILP había sido registrada tras superar el umbral legal del medio millón de firmas y planteaba la regularización de unos 500.000 inmigrantes, que en esta barra libre pueden ser más.

La coincidencia de intereses de la CEE con la izquierda atea comunista resulta muy chocante y el resultado práctico es el mismo: una alineación objetiva entre Ejecutivo, izquierda radical y Conferencia Episcopal en torno a una política de consecuencias potencialmente lamentables que se pretende perpetrar en un momento especialmente difícil para un gobierno acosado por la corrupción y la incompetencia más odiosas con resultados incluso de muertes. Se entiende que los comunistas de Podemos defiendan de manera sistemática algo tan insostenible como la regularización masiva pero en cambio no la alineación de la CEE este disparate con el que se solidariza con la iniciativa en un lenguaje tartufo de acogida y caridad cristiana. Mucho predicar pero poco dar trigo, que se sepa nadie ha sido acogido en palacios episcopales, y demás inmuebles de la Iglesia Católica. En realidad lo que se hace es apoyar a un gobierno devastador para provocar desorden y miseria.

La actividad de la UTE o Unión Temporal de Empresas entre el Poder comunista y la CEE supuestamente cristiana y española plantea una pregunta incómoda que se obvia: ¿Quién asume los costes sociales, económicos y culturales de estas decisiones y por qué siempre recaen sobre los mismos «pringaos», la buena gente que no se puede defender?

El Banco de España ha advertido que el impacto de la inmigración depende de su volumen, su ritmo y la capacidad real de integración, factores que no pueden ignorarse sin graves consecuencias sociales. En el año 2023 había más de 2,7 millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, mientras se mantienen enormes cifras de parados y de prebendados de la sopa boba, muchos de ellos invasores, que el gobierno regala generosamente con el dinero y hacienda que esquilma los contribuyentes mediante disparatados impuestos. La Seguridad Social se degrada, las infraestructuras se deterioran,  la administración de justicia se demora en plazos insoportables. El sector agrario es saboteado, la inflación aumenta. El acceso a la vivienda se ha deteriorado de forma significativa sobre todo en las grandes ciudades y en zonas con mayor presión migratoria, con subidas de precios que afectan de manera directa a las rentas más bajas. La oferta, saboteada con leyes contra la propiedad privada por el gobierno va más despacio que la demanda y el desfase sigue agravándose con las invasiones masivas. Todo esto tiene efectos nefastos sobre la deuda odiosa. Pero se da la paradoja que mientras nos anuncian la insostenibilidad  de las pensiones para los españoles que cotizan se conceden paguitas a invasores que nunca han cotizado en España.

Para evitar revolcones como el del decreto ómnibus, este tipo de decisiones de tan alta gravedad y complejidad estratégica se adoptan de modo muy «democrático» sin siquiera debate en el Parlamento, con el recurso al decreto en posible fraude de ley ¿Qué futuro tenemos? Si esto sigue así no hace falta ser profeta para entender que nos encontramos abocados a un grave conflicto civil. Y tampoco parece sostenible el actual régimen que es muy dudoso pueda librarse del desastre total por muy resilente o curado de espanto o a salvo de la indignación popular que se crea.

Acaso, de no ser aún peor, nuestro futuro pueda parecerse al que ahora podemos ver en EEUU. Conflictos sociales inducidos o agravados por la heterogeneidad racial y de tradiciones, guetos, odios, incapacidad de integración, focos de anomia, violencia y delincuencia permanente cada vez más difíciles de revertir como estamos viendo en las revueltas de Minnesota y su terrible represión policial que favorece toda clase de abusos y deslegitimación de las instituciones.

Si ya es difícil gobernar bien una sociedad homogénea lo es mucho más una heterogénea. Provocar esa heterogeneidad de modo inducido por conveniencias particulares, egoístas o sectarias puede resultar de una irresponsabilidad criminal. Esto lo debería conocer y comprender todo el mundo y parece mentira que las instituciones callen.  O que como la CEE, que se supone debiera tener algún sentido histórico por su experiencia y presunta filantropía, las jaleen.