ENDESA confunde las ‘anomalías eléctricas’ de sus contadores con el delito de fraude eléctrico

En una reciente nota de prensa, ENDESA afirmó haber detectado más de 32.000 “delitos de fraude eléctrico” en los primeros seis meses de 2025. La cifra, a primera vista, resulta alarmante y plantea una pregunta evidente: ¿de verdad existen tantos consumidores que manipulan sus instalaciones para robar energía, o estamos ante una interpretación interesada que confunde simples fallos técnicos de los equipos de medida con un ilícito penal?

El fraude eléctrico está tipificado en el Código Penal español, concretamente en el artículo 255. Dicho artículo establece que será castigado con una multa de tres a doce meses quien defraude utilizando energía eléctrica, gas, agua u otros fluidos ajenos, valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación, alterando maliciosamente los aparatos contadores o empleando medios clandestinos. Además, si la cuantía de lo defraudado no supera los 400 euros, la sanción será de uno a tres meses de multa.

Es decir, para que una anomalía en un equipo de medida se clasifique como delito de fraude, el hecho debe pasar por un procedimiento formal de denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una compañía eléctrica es una empresa privada, y como tal carece de capacidad legal para acusar directamente de un delito. Sin embargo, en la práctica, ENDESA suele tratar cualquier irregularidad como si fuera un contador manipulado, dejando a los consumidores en una situación de indefensión.

La presunción de inocencia frente al fraude eléctrico

El principio de presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido en instrumentos internacionales y en la propia Constitución. Implica que toda persona debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia firme que demuestre lo contrario. En casos de fraude eléctrico, esto significa que no basta con un acta de inspección o una sospecha técnica para imputar a alguien.

Manipular un contador, derivar conexiones ilegales o instalar sistemas para reducir el consumo registrado son conductas que sí encajan en la definición de fraude eléctrico. Pero demostrar la comisión de este delito requiere pruebas sólidas. La autoridad debe probar que hubo alteración de las instalaciones, que el acusado fue el autor o responsable y, sobre todo, que existió dolo, es decir, una clara intención de defraudar.

No basta con detectar una irregularidad en el registro de consumo, ya que esta podría deberse a fallos técnicos o a causas ajenas al abonado. En la práctica, muchas distribuidoras presentan sus actas de inspección como pruebas únicas. Sin embargo, dichas actas no siempre demuestran quién cometió la manipulación, ni si esta realmente existió. De hecho, la jurisprudencia española ha señalado en varias ocasiones que la simple diferencia de consumo no es prueba suficiente para condenar por fraude.

Inspecciones privadas sin valor probatorio

El problema se agrava por la manera en que se realizan estas inspecciones. Con frecuencia, ENDESA no avisa al cliente de la visita, incumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1725/1984, que exige comunicación previa. El argumento de la compañía es que, si se avisa, se perdería el factor sorpresa. Pero este razonamiento contradice las normas básicas de transparencia y los derechos de los consumidores.

En muchos casos, la supuesta prueba de manipulación proviene de operarios de empresas subcontratadas que no son agentes de la autoridad. Sus informes carecen del valor de una diligencia oficial y solo equivalen a un testimonio, con el agravante de que pueden tener un interés directo en los resultados de la inspección. Así, la compañía convierte un documento privado en la base para imponer sanciones y exigir pagos.

Lo que ENDESA suele presentar como irregularidades técnicas, como una doble acometida o un supuesto puenteado en el contador, en muchos casos responde a fallos de los equipos o a incidencias en la red, sin que el consumidor tenga ninguna responsabilidad en ello.Los incentivos económicos y la inflación de cifras

Otro factor que ayuda a explicar esta situación es el marco regulatorio. El Real Decreto 1048/2013, en su artículo 40, introdujo un incentivo económico para las distribuidoras que detecten y reduzcan fraudes eléctricos. Es decir, cuanto más fraude se reporte, mayores serán los beneficios para la empresa.

Este incentivo ha creado un contexto en el que a las distribuidoras les interesa clasificar el mayor número posible de anomalías como fraude. No sorprende, entonces, que las cifras de ENDESA sean tan elevadas. En 2023, la Fiscalía General del Estado registró 1.643 diligencias previas por fraude eléctrico en toda España. Sin embargo, ENDESA aseguraba haber detectado 53.300 expedientes. La diferencia entre las cifras oficiales y las de la empresa es tan abismal que resulta inevitable preguntarse si gran parte de esos expedientes responden a anomalías técnicas clasificadas interesadamente como delitos.

Consecuencias directas para el consumidor

La estrategia de ENDESA tiene un impacto devastador en los usuarios. Al recibir una notificación acusándolos de fraude, muchos consumidores optan por pagar para evitar el corte de suministro. El miedo a quedarse sin luz, un servicio esencial, pesa más que la posibilidad de iniciar un proceso judicial largo y costoso.

Esto provoca que se abonen cantidades que en realidad responden a sanciones injustificadas. En la práctica, el consumidor asume una multa eléctrica sin que se haya demostrado su culpabilidad en un tribunal. El problema no es solo económico: también genera un enorme desgaste emocional, ya que muchas familias se sienten tratadas como delincuentes por hechos que nunca cometieron.

Hay casos en los que el contador presentaba un fallo técnico, o donde la supuesta manipulación no podía atribuirse al abonado. Sin embargo, la distribuidora se limita a exigir el pago inmediato y amenaza con cortar el suministro, situando al cliente en una posición de clara vulnerabilidad.

La justicia frente a las eléctricas

La jurisprudencia española ha sido clara al señalar que la mera existencia de irregularidades en un contador no basta para condenar por fraude. Los jueces exigen pruebas periciales independientes, testigos imparciales y garantías en la obtención de las pruebas. Sin embargo, el acceso a la justicia no siempre está al alcance de todos los consumidores, que muchas veces carecen de medios para litigar contra una gran compañía.

Por eso, el papel de despachos especializados resulta esencial. Firmas como SEDIF LEGAL han demostrado en numerosos casos que las acusaciones carecían de fundamento. Su trabajo ha consistido en desmontar actas de inspección carentes de valor probatorio y en exigir el respeto a los derechos constitucionales de los consumidores.

¿Fraude o anomalía técnica?

La raíz del problema es sencilla: no se trata de negar que el fraude eléctrico exista, sino de distinguirlo claramente de una anomalía técnica. Las irregularidades en los equipos de medida deben investigarse, pero no pueden convertirse automáticamente en delitos penales.

El actual sistema incentiva a las distribuidoras a inflar sus cifras. Al hacerlo, convierten a miles de ciudadanos en culpables sin juicio previo, imponiendo pagos injustos y alimentando un negocio que debería estar orientado a garantizar un servicio público esencial.

Así, lo que en muchos casos es una simple anomalía de un contador termina etiquetado como fraude eléctrico, con las consecuencias económicas y emocionales que ello implica para los consumidores.

Conclusión

El caso de ENDESA demuestra cómo la confusión interesada entre anomalías técnicas y fraude eléctrico puede derivar en abusos contra los usuarios. Mientras que el artículo 255 del Código Penal exige pruebas claras de manipulación y dolo, las distribuidoras convierten fallos técnicos en acusaciones penales sin pruebas fehacientes.

La falta de transparencia en las inspecciones, el valor limitado de las actas privadas y los incentivos económicos para inflar cifras configuran un escenario donde el consumidor es el principal perjudicado. La consecuencia es clara: miles de ciudadanos terminan pagando sanciones injustas bajo la amenaza de perder un servicio esencial como la electricidad.

El fraude eléctrico real debe combatirse, pero siempre con respeto a los derechos constitucionales y a la presunción de inocencia. Mientras no se garantice este equilibrio, seguirá existiendo el riesgo de que una anomalía técnica se convierta, de manera arbitraria, en una acusación de delito.