Entrevistamos a Julio Razona, el abogado que con solo un escrito judicial logró detener la masiva mortalidad de un virus

Llegué a tener hasta 9 personas fallecidas en Mar de Plata porque me opuse a que se cremen los cuerpos, y es que la única forma objetiva y científica de saber los motivos de la muerte de una persona es con una autopsia. Y como las autopsias estaban prohibidas en Argentina por el ministerio de Salud, solo se hacían en casos excepcionales, yo contaba con un grupo de médicos que se ofrecieron como peritos. Los argumentos del Estado es que no había peritos, que se podían contagiar… En la morgue tuve a un fallecido por accidente de tráfico y en la partida figuraba que había muerto por COVID. Esa partida de defunción en la que consta que había fallecido por COVID es el elemento objetivo para denunciar el delito de falsedad ideológico en documento público. Partiendo de la base de que el virus nunca fue aislado ni secuenciado es imposible determinar si falleció por un virus que no se conoce, y el hecho de no haber realizado una autopsia hace que esa afirmación, que una persona falleció por COVID sea falsa. Así que formulé una denuncia penal contra todos los médicos que expidieron partidas de defunción de personas fallecidas por COVID. Y a partir de ese día en Mar de Plata se morían 24 personas por día, pero por otras dolencias. En Argentina, en ese momento se pagaban 12000 pesos a los médicos, unos 400 dólares, por cada partida de defunción, si era por COVID. Así que con un escrito judicial logramos detener la mortandad de un virus.
Ayer pusimos una denuncia de una persona de setenta y tantos años que fue intubado y falleció y en su partida de defunción pusieron: denuncia enfermedad internacional. Como no figuraba la palabra COVID a este señor no lo cremaron, así que hice una denuncia por falsificación ideológica en documento público y hemos solicitado al juez una necropsia porque sospechamos que fue un homicidio doloso, existía la intención de matar a esa persona intubándola sin motivo… Además, había una férrea oposición del enfermo y de la familia para que no lo intubaran. A la familia le informaron que había sido intubado y había fallecido. Podría ser un asesinato o un homicidio culposo por impericia, negligencia e imprudencia. Sospechamos que fue un homicidio doloso pues fue con intención.
El juez Federal Alfredo López es el único juez que ha permitido hacer un debate científico por el tema del COVID con el ministerio de la Salud.
Hice un recurso de amparo para detener la vacunación de niños de 6 meses. El juez Alfredo López obligó al Estado a informar sobre todos los efectos nocivos que pueden tener las vacunas. En la audiencia que hubo para ver si se detenían las vacunas de los niños estábamos nosotros con 6 destacados científicos argentinos y por la otra parte 6 representantes del Ministerio de la Salud. Estuvieron presentes biótecnólogos del CONISET, entidad estatal de investigación científica, que hicieron un estudio de todos los viales de las vacunas, 5 marcas, con dos biotecnólogas, Marcela Sangorrín y Lorena Diblasi, y se hizo con un escribano público y respetando la cadena de custodia de los viales. Las biotecnólogas declararon que encontraron 10 tóxicos incompatibles con la vida humana, y la presencia de óxido de grafeno. Nosotros le dimos todas las pruebas al ministerio de Salud, que reconoció en esa audiencia que el Estado argentino nunca investigó ni analizó el contenido de los viales de las vacunas, que ellas las admitieron con los informes de cada laboratorio, que la ANMAT, organismo que regula los medicamentos, las aprobó sin haberlas analizado. El juez López permitió que este debate quedara grabado y se hizo público. Es muy difícil tener una sentencia firme y que se ordene se suspendan las vacunas, pero fue una enorme advertencia para todos los que llevasen a inocular a sus hijos.
En el prospecto original de Moderna, que es la que se recomienda para niños en Argentina, se puede leer que no se recomienda para menores de 18 años por las secuelas que puede aparejar. Además, el Tratado de Helsinki establece que ningún niño, siquiera con el acuerdo de sus padres, puede formar parte de un experimento médico.
En un vacunatorio tiene que haber un médico responsable que haga un estudio de quien se va a vacunar, que el médico, una vez que lo habilite, firme la autorización con su puño y letra y número de matrícula o de colegiación, y un consentimiento informado en el que figura también un representante de la empresa. En todos los vacunatorios de Argentina nunca se respetó. Pero logramos cerrar un montón de vacunatorios yendo hasta ellos e informando a la gente. Se dieron cuenta que se les venía encima una denuncia penal y cerraron.
Del área política solo nos apoyó Juan José Gómez Centurión., el que fuera candidato a presidente, todos los demás están a favor de la agenda 2030 y el globalismo. Es más, la que se dice podría ser la próxima presidenta de la nación, Patricia Bulrrich, exhortó a ir casa por casa a vacunar por la fuerza a las personas. Por otro lado, yo hice una denuncia contra Gines González García, que fuera ministro de Salud, y a la actual ministra Carla Vizzotti también la he denunciado por envenenamiento, por haber permitido que se inyecte a las personas estas vacunas tóxicas. La causa está en trámite.
En Tucumán y en Mar de Plata, en las últimas elecciones, más del 50 por ciento de la gente no fue a votar o votó en blanco. Y eso que el voto es obligatorio.
La clase política ha vendido nuestra soberanía sanitaria a la OMS, una organización privada, por lo que ha cometido un delito de traición a la patria. Le han vendido a los chinos cientos de hectáreas para que hicieran una base militar en la Patagonia, y en otra provincia están reglando el litio, allí está una de las reservas naturales en la Argentina.

VÍDEOENTREVISTA CON EL ABOGADO JULIO RAZONA