Pedro Sanchez ha dicho hoy en el Congreso que todos los españoles somos iguales ante la Ley.
Y es falso. Hay 17.600 individuos que pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades autónomas que están aforados y sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo, no como el resto de los mortales que lo harían en tribunales ordinarios.
El presidente del Gobierno y los ministros solo pueden ser investigados por el Supremo; y los presidentes y consejeros autonómicos están aforados ante el Supremo o los tribunales superiores de justicia, según su estatuto de autonomía y dónde se cometió el delito.
También tienen fuero los diputados y senadores, los parlamentarios autonómicos, los consejeros del Tribunal de Cuentas, los del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.
El segundo grupo más importante de aforados corresponde a los jueces (unos 5.500) y los fiscales (2.550). Se incluye también a los 7.600 jueces de paz.
Son aforados altos cargos como el presidente del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial
Esta situación contrasta con lo que sucede en otros países de la Union Europea como Francia, Alemania, Italia o Portugal donde no son mas de cinco los politicos en cada uno de estos países que pueden acogerse al aforamiento estando reservado por regla general al presidente y al primer ministro y solo en casos relacionados con su actividad política.
Efectivamente, como rezaba el eslogan publicitario turístico de los años 70 acuñado por Manuel Fraga Iribarne, «Spain is diferent»