El Tribunal Constitucional por fin comienza a despertar de su largo letargo con la COVID y admite que las vacunas de las grandes farmacéuticas son experimentales y que ningún juez puede obligar a nadie, y menos aun a menores y ancianos, a inocularse sin su autorización.
En concreto, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite recursos de amparo promovidos por ancianos y menores contra la decisión judicial de vacunarlos de la COVID. El TC se basa en que tales recursos plantean problemas sobre los que no hay doctrina constitucional, como son los derechos a la integridad física y moral, a la protección de la salud y a la intimidad personal y familiar.
Para el más alto tribunal del Estado estamos ante «una cuestión jurídica de repercusión social». Como lo oyen, miles de ancianos muertos con el virus, se ha producido un auténtico escándalo con las vacunaciones a menores, bebés incluidos, y embarazadas, hasta el punto de que han aumentado las malformaciones congénitas de los nacidos este año, y son datos oficiales, no nos los inventamos, y ahora el TC admite que jurídicamente es de repercusión social. Y lo hace dos años después de que varios cientos de miles de personas denuncien la situación de indefensión en la que viven aquellos que no quieren someterse a esos medicamentos experimentales. Se han vulnerado derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en reglamentos internacionales y el TC dormitaba. Dos años después empieza a despertar. A ver si dejan el teletrabajo y se ponen en serio a trabajar
¿De qué país va a ser, si está en España? ¿Sabe dónde queda en Madrid el edificio del TC? Igual le da idea la imagen.
Nunca mencionan el tribunal constitucional de qué país