Aguilar de Campoo vive con miedo, acobardada por tres chavales de 6, 11 y 17 años que por problemas médicos están exentos de llevar mascarilla y a los que no dejan pasar al instituto a estudiar desde el pasado día 18 de octubre.

El padre de Cristina, 17 años, el médico y abogado Gabriel Ruiz García, nos cuenta el caso y dibuja una sociedad callada, miedosa, orwelliana, que ha perdido la alegría de la opinión espontánea, celosamente obediente y capaz de convertir a 3 menores en chivos expiatorios de sus obsesiones, hasta el punto de impedirles el paso a las aulas del Instituto de Santa María la Real. Llevan así desde el pasado día 18 de octubre. Es increíble que esté pasando, pero sucede. Tres personas que son distintas, tres menores a los que avala además la medicina, son apartadas y aisladas para que la nueva sociedad que se está orquestando siga su camino a ninguna parte. Ni Huxley la hubiera retratado mejor.

Esperemos que por el bien de los chavales, sus mayores se sienten a conversar y resuelvan la situación. No parece nada difícil. Escuchen y vean. Así es también la España del siglo XXI.

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CLAVES DE LA ENTREVISTA

“El año pasado estuvieron asistiendo a clase sin mascarilla, pero este no les dejan, ni a ellos ni a otro niño de 6 años en un colegio vecino, el Castilla y León. Así llevan desde el 18 de octubre”. El doctor Gabriel Ruiz, que además de médico es abogado, presentó alegaciones para que les permitieran asistir a sus clases, pero según él,la dirección del instituto no le contestó. Después presentó un contencioso administrativo con medidas cautelares, urgentísimas, por vulneración de derechos fundamentales, sin que los juzgados hayan resuelto. Cada mañana que no los dejan pasar al instituto, además, el abogado y doctor pide los números a los policías presentes en el colegio y presenta denuncia por coacciones, al no dejarlos entrar al instituto y asistir a clase. ¿Qué hicieron las jueces? “Abrir diligencias y archivarlas, sin preguntar, sin investigar”, incide el padre. Gabriel Ruiz ha recurrido y ha presentado una denuncia contra las jueces por presunto delito de prevaricación y obstrucción a la justicia ya que este caso es archivado por una juez, dándose el caso de no ser competente para instruir una denuncia contra otra juez. “Tendría que hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”, aclara Ruiz García. Por otro lado, la Dirección de Educación de Palencia debería haberse manifestado y defendido los derechos de escolarización de los chavales, pero hasta el momento no lo ha hecho.

Nadie ha llamado al doctor para mostrarle su apoyo. Ni los medios de comunicación provinciales, locales, autonómicos y nacionales. Estos han escrito sobre el caso, han hablado del caso, pero su perspectiva ha sido siempre presentar a un padre negacionista y una hija que acude a su centro escolar sin mascarilla. Mientras, para las autoridades y los ciudadanos de Aguilar de Campoo es como si no existieran.

El abogado piensa que lo que está haciendo la justicia es enlentecer a propósitos los procesos para provocarles más costes. Pero el letrado Ruiz García piensa seguir adelante sin recurrir siquiera al Defensor del Pueblo, al que acusa de ser un “lacayo del poder que no sirve para nada”.

¿Qué camino ha tomado entonces Ruiz García? Tocar el saxo, toca en la banda de Aguilar, de 8,15 a 8,30 en la entrada del instituto, lo que ha despertado el interés de sus vecinos y la intervención de los políticos. Alguno le ha acusado de impedir la entrada de los estudiantes al instituto y de acoso a los profesores. El sindicato de trabajadores de la Enseñanza, STE, sacó entonces un comunicado en el que lo acusan de tocar en horas lectivas molestando a los estudiantes. Gabriel Ruiz para defenderse pone a la policía de testigo de que eso es incierto. “Están incitando al odio”, asegura el padre de Cristina, quien está valorando si interpone denuncia contra ellos.

Lo peor de este caso es que unos niños y una adolescente no pueden estudiar, no pueden ejercer su derecho a la escolarización. Cristina ni siquiera puede llevar trabajos que hayan podido hacer en sus domicilios. “Una de sus profesoras – dice el doctor Gabriel García -, advirtió a una de sus compañeras que no recogería sus trabajos”. Ni siquiera vía on line. Por contra, los padres de estos estudiantes reciben comunicados en los que señalan que “sus hijos han faltado a clase tantos días sin justificar”.

Cristina debe usar mascarilla porque médicamente la perjudica. El padre, como era previsible, no quiere entrar en más valoraciones con algo que es exclusivo de su hija.

El doctor no parece molesto sino sorprendido, para él son “pobres infelices que tienen que cumplir órdenes. La directora está asustada, el jefe de estudios también, los profesores no saben por donde salir. Van a caer ellos solos. Me dan pena”, señala, y concluye: ”Hay que actuar por convencimiento, no por obediencia”.