Aunque sin el desparpajo jaque propio de matasiete de taberna de todo un excelentísimo señor presidente del gobierno de Su Majestad, un personaje insuperable en su género, es preciso reconocer que el populista Almeida tampoco es manco.
Si Cervantes viviera quizás le incluiría entre sus «alcaldes que no rebuznaban de balde». El tristemente célebre alcalde de mi querido pueblo ha dado ya muestras repetidas de su hipocresía. Entre otras muchas habilidades la de mentir con un aplomo y descaro que visto lo visto sin duda le han de permitir escalar más encumbrados puestos en la cucaña borbónica. Me refiero, a su campaña electoral en contra de las zonas de bajas emisiones, invento diabólico perpetrado por iniciativa de la corrompida bruja de Bruselas dirigido a arruinar y en lo posible privar de coche privado a la clase media y trabajadora, en este caso la madrileña.
Pero hete aquí que una vez elegido gracias a sus falsas promesas, si te he visto no me acuerdo y peor para ti, infeliz votante popular si te lo has creído. Sin embargo, la Justicia, convertida en último refugio del ciudadano maltratado a falta del buen funcionamiento de otras instituciones, le dio un primer aviso. El heroico prohombre popular muy preocupado por lo del cambio del clima climático made in el BOE se hizo el remolón intentando escaquearse de cumplir la sentencia de la Justicia que ahora le obliga no solo a acabar totalmente con el engendro perpetrado sino también a devolver lo pillado como botín municipal en sanciones a sus sufridas víctimas. La nueva resolución judicial desmontaba la estrategia del Ayuntamiento para limitar el impacto de la sentencia del TSJM que anuló las Zonas de Bajas Emisiones en la capital. Los expedientes afectados superan los 3,5 millones por un valor de 700 millones de euros. La organización de defensa de los conductores, AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA) ha anunciado que pedirá la ejecución forzosa de la resolución judicial si el consistorio de Martínez-Almeida no paraliza los embargos. Según las estimaciones de AEA, basadas en los datos oficiales del portal de transparencia municipal, la ilegalidad afectaría a las sanciones impuestas desde diciembre de 2021 hasta el pasado 6 de abril, fecha en la que entró en vigor la nueva Ordenanza de Movilidad.
Se supone que ante un revolcón judicial tan contundente nuestro democrático líder dimitiría sin demora, o bien sus no menos ejemplares correligionarios se lo exigirían, pero no. Nuestros políticos monárquicos están acostumbrados a perpetrar ilegalidades con habitual impunidad personal y política. Como decía el emérito “si cuela, cuela”, y aquí casi nunca pasa nada. Y 700 millones son muchos millones.
Por lo demás nuestro hombre es de natural ahorrativo. Una semana toca recibir piadosamente a Preboste y la siguiente, dando la vuelta los pasquines y banderitas multiuso celebra con no menos sentida devoción el día del orgullo homosexual. Coherencia obliga. Todo vale que vale todo, a mayor gloria del filantrópico socialismo arrebatacapas de los partidos dinásticos.













