Acuerdo de investidura entre el Partido de los Socialistas de Cataluña y Esquerra Republicana de Catalunya

Las formaciones abajo firmadas nos reclamamos herederas del catalanismo popular, que tiene
como principios esenciales el reconocimiento de Cataluña como nación y la voluntad colectiva
de hacer avanzar al país y construir un futuro mejor sobre la base de la voluntad de la
ciudadanía expresada democráticamente .
Este catalanismo -fruto de la diversidad y pluralidad de la sociedad catalana- se traduce en
diversas propuestas políticas que abarcan desde el federalismo al independentismo, que se
reconocen mutuamente como opciones legítimas. Con esta premisa, el independentismo de
izquierdas y el federalismo de izquierdas han tenido la capacidad de establecer confianzas, de
alinear objetivos y de sumar esfuerzos en distintos momentos históricos, siempre con el
horizonte compartido de que Cataluña gane soberanía para garantizar así el progreso social y
económico de la sociedad catalana.
Parte de este camino llega hasta la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de
Autonomía de Cataluña, momento en el que se produce un crecimiento significativo entre la
ciudadanía de Cataluña de la voluntad de decidir democráticamente, pacífica y libremente el
futuro político del país. La incapacidad de dar una respuesta democrática a esta voluntad de la
ciudadanía de Cataluña provocó el actual conflicto político, y la sucesión acelerada de
decisiones por parte de todos los actores implicados, sumada a la judicialización y la respuesta
policial hacia el movimiento independentista, incentivó el distanciamiento entre el
independentismo y el federalismo catalán.
Hoy, a pesar de los avances incuestionables que han significado las diferentes iniciativas para
acabar con la judicialización —los indultos, la reforma del Código Penal y, especialmente, la
aprobación de la ley de amnistía—, las amenazas contra la voluntad mayoritaria de desescalar
el conflicto se mantienen, las razones de fondo del conflicto político entre Cataluña y el Estado
están pendientes de resolver y la distancia entre el independentismo de izquierdas y el
federalismo de izquierdas sigue siendo importante. Sin embargo, es evidente que la voluntad
de la ciudadanía expresada en las últimas elecciones al Parlamento da forma a un nuevo
contexto político que hay que saber atender con una lectura encaminada a evitar cualquier
bloqueo y, a la vez, a ofrecer la oportunidad de rehacer la confianza entre el independentismo
de izquierdas y el federalismo de izquierdas para hacer avanzar conjuntamente al país.
Con esta voluntad, y reencontrándonos en los principios esenciales del catalanismo de raíz
popular –nación, progreso y respeto a la voluntad popular–, el Partido de los Socialistas de
Cataluña y Esquerra Republicana de Catalunya suscriben un acuerdo para permitir una
investidura encaminada a conseguir que Cataluña gane soberanía, a partir de cuatro
compromisos esenciales:
— Construir una solución al conflicto político basada en un consenso amplio de la
sociedad catalana sobre el futuro de Cataluña. Este consenso nos debe permitir
avanzar en la
vía del diálogo y la negociación con el Estado para dar forma a un acuerdo que sea
refrendado
por la ciudadanía de Cataluña.
— Impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía
fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y
liquidación de todos los impuestos, con el objetivo de dotar a las instituciones
catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de la Cataluña
de los 8 millones de habitantes.
— Reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Cataluña, especialmente el modelo
de escuela catalana, el fomento del uso social del catalán, y la acción exterior de la
Generalitat.
— Y asegurar la continuidad de unas políticas públicas que garanticen el impulso de un
sistema productivo y unos servicios públicos centrados en la búsqueda de la
prosperidad compartida y el bienestar y oportunidades para el conjunto de la
ciudadanía.
El cumplimiento de los compromisos del acuerdo para una investidura que haga avanzar a
Catalunya en términos de soberanía son necesarios para rehacer las confianzas entre el
independentismo de izquierdas y el federalismo, conscientes de que estamos lejos, todavía, de
un entendimiento que comporte la posibilidad de trazar un camino compartido de largo
recorrido. Pero, al mismo tiempo, las bases del catalanismo político nos empujan a hacer
posible la oportunidad de superar distancias y recelos, de reencontrarse en las ideas
compartidas de reconocer a Cataluña plenamente como nación y la voluntad colectiva de
construir un futuro de oportunidades, bienestar y prosperidad para todos a partir del
empoderamiento democrático de la ciudadanía. Estos pilares compartidos entre el federalismo
y el independentismo nos acercan de forma decisiva a la resolución del conflicto político y nos
dotan de las herramientas necesarias para construir una Cataluña más justa, más próspera,
más verde, más feminista y plenamente libre.
La naturaleza del conflicto político entre el Estado español y Cataluña tiene profundas raíces
históricas y puede sintetizarse en las dificultades de encontrar un reconocimiento nacional
satisfactorio para la ciudadanía de Cataluña en la estructura institucional y el ordenamiento
legislativo del Estado.
En este marco, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 -que anulaba parte del Estatuto
de Cataluña aprobado por el Parlamento y las Cortes Generales y ratificado por la ciudadanía
de Cataluña- marca un antes y un después del conflicto político, y evidencia un choque entre la
legitimidad parlamentaria y popular de Cataluña y la legitimidad institucional y constitucional
del Estado, ambas imprescindibles en toda democracia avanzada y en cualquier Estado de
Derecho.
A partir de ese momento, una parte amplia de la ciudadanía pasa a reivindicar la plena
soberanía de Cataluña y manifiesta la voluntad de decidir libre y democráticamente sobre el
futuro político del país. Durante la última década, las instituciones catalanas han buscado
varias vías para dar respuesta a esta demanda -la solicitud del traspaso a la Generalitat de la
capacidad de convocar referendos haciendo uso del artículo 150.2 de la Constitución, la
consulta del 9 -N de 2014 o el referéndum del 1 de octubre de 2017- que han certificado la
existencia de concepciones diferentes sobre la soberanía de Cataluña y han definido los
diferentes actores del actual conflicto político.
La respuesta judicial al conflicto político -alejada del diálogo y la negociación- sólo ha
contribuido a agravar la tensión institucional y social. Por eso es necesario poner en valor el
camino recorrido hasta ahora para favorecer la desescalada del conflicto político y la plena
recuperación de los derechos y libertades de todas las personas implicadas en el Proceso
—indultos, reforma del Código Penal, ley de amnistía— y devolver el conflicto al terreno de la
política para facilitar su resolución.
En este sentido, la aplicación de la ley de amnistía debe permitir culminar ese camino e iniciar
una nueva fase del proceso de diálogo y negociación entre Cataluña y el Estado. Esta nueva
etapa debe centrarse en la resolución del conflicto político y debe abordar —aparte de los
recursos de que debe disponer Cataluña para garantizar los derechos, la cohesión social y la
prosperidad de la ciudadanía del país— los siguientes elementos :
— El debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y la forma de vehicular
institucional y jurídicamente este reconocimiento.
— La necesidad de que los acuerdos fruto del diálogo y la negociación sean refrendados
por la ciudadanía, y favorezcan la creación de un amplio consenso sobre el futuro de
Cataluña.
En el marco de la última legislatura, el Gobierno de la Generalitat inició los trabajos para dar
forma a un Acuerdo de Claridad, entendido como el acuerdo de todas las partes implicadas en
el conflicto de soberanía que debe permitir a la ciudadanía de Cataluña decidir
democráticamente el futuro político del país, incluyendo la pluralidad y la diversidad de la
sociedad catalana. Estos trabajos, en el ámbito académico, constataron la necesidad:
— De abordar el conflicto político entre Cataluña y el Estado español a partir del diálogo y
la negociación
— De asegurar la no renuncia a los diversos objetivos políticos con respecto al estatus de
Cataluña
— De armonizar los principios de democracia, imperio del derecho, federalismo y protección
de
las minorías.
— De dar voz a la ciudadanía para conocer sus preferencias sobre la organización
territorial y acomodar, de forma legítima y viable, estas preferencias.
Partiendo de estas premisas, las formaciones abajo firmadas constatan la necesidad de
impulsar un amplio debate político, social y ciudadano y construir así una propuesta que
contribuya a abordar la resolución del conflicto político de fondo. Con este objetivo, el Partido
de los Socialistas de Cataluña y Esquerra Republicana de Catalunya se comprometen a impulsar,
en el primer pleno del Parlamento posterior a la constitución del nuevo Gobierno de la
Generalitat, una Convención Nacional por la resolución del conflicto político.
Esta convención estará integrada por un grupo impulsor formado por representantes de los
grupos
parlamentarios y presidida por una representante de Esquerra Republicana.
El objetivo de la Convención es promover un debate a nivel político, social y ciudadano sobre
cómo abordar la resolución del conflicto político existente y deberá presentar sus conclusiones
en el Parlamento.
Del mismo modo, la Convención también tendría la función de realizar un seguimiento y
monitorización
de la aplicación de la ley de amnistía.
Para facilitar los trabajos de la Convención, el Govern creará una Oficina que asegure los
recursos humanos, técnicos y materiales para desarrollar sus tareas.
A. ANTEPASADOS
Catalunya sufre una infrafinanciación sostenida en el tiempo que supera con creces lo
que correspondería a un modelo de solidaridad entre territorios. Los distintos modelos
de financiación autonómica han comportado graves deficiencias para Cataluña, que se
traducen en una insuficiencia financiera crónica que limita enormemente el gasto en
políticas públicas como la salud, los servicios sociales, la vivienda o las infraestructuras.
Estas deficiencias tienen un impacto directo en los servicios públicos y en la capacidad
de Cataluña para hacer frente a los retos de futuro, y se generan y perpetúan gracias a
un modelo de financiación de régimen común caducado, poco transparente e
insuficiente. Un modelo de financiación cuyo resultado es una distribución poco justa
de los recursos entre los territorios del Estado y que acaba limitando la capacidad de
crecimiento económico de Cataluña.
Todos los intentos previos de construir un modelo de financiación basado en el
paradigma actual y la gestión centralizada desde la Administración del Estado no han
hecho más que estructuralizar unas insuficiencias que han sido un lastre sistemático al
crecimiento económico de Cataluña y la prosperidad de su ciudadanía.
No se trata de reformar el modelo de financiación común, sino cambiarlo sobre un
nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad. Si queremos alcanzar los
estándares europeos en lo que se refiere a recursos destinados al estado del bienestar
ya la dinamización del tejido productivo, es indispensable un nuevo sistema de
financiación basado en una relación bilateral con el Estado y un incremento sustancial
de la capacidad normativa y de la capacidad de gestión que garantice la suficiencia
financiera y la soberanía fiscal de la Generalidad.
Por este motivo, es necesario un aumento sustancial y progresivo de la capacidad
normativa en todos los tributos generados en Cataluña para adaptar el sistema fiscal a
las necesidades del país y disponer de la cesión de los rendimientos de estos tributos.
Una financiación justa y singular es compatible con la contribución equitativa al
sostenimiento del gasto del Estado, que redunda en beneficio de las ciudadanas y
ciudadanos de Cataluña y en la solidaridad entre territorios.
Una financiación singular necesita un modelo bilateral de relación con el Estado
compatible con la participación en órganos multilaterales cuando la naturaleza o
ámbito de los acuerdos así lo exija.
De la misma forma, la profundización en el autogobierno y de la autonomía fiscal y
financiera necesita fijar como prioridad una hacienda catalana compatible con el hecho
de avanzar hacia un modelo tributario federal con una mayor capacidad normativa, de
gestión, recaudación, liquidación e inspección, así como con una gobernanza de las
inversiones públicas desde Cataluña y para Cataluña.
A fin de reencontrar puntos de acuerdo, ambas partes se han inspirado en el amplio
consenso del Parlament de Catalunya en 2005, especialmente en los apartados de
financiación, cuando se aprobó la propuesta de reforma del Estatut . Éste marcaba un
camino para avanzar hacia un modelo de financiación basado en la autonomía
financiera, la coordinación, la solidaridad y la transparencia en las relaciones fiscales y
financieras entre las administraciones públicas, así como los principios de suficiencia de
recursos, responsabilidad fiscal, equidad y lealtad institucional entre las citadas
administraciones
B. EL MODELO DE FINANCIACIÓN SINGULAR DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
La concreción de todos estos principios pasa, necesariamente, por el establecimiento
de un nuevo modelo de financiación para la Generalidad de Cataluña basado en la
negociación bilateral con el Estado. En este sentido, los partidos abajo firmantes
acuerdan:
● Que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los
impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad
normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea.
La gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos
soportados en Cataluña corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña, salvo
los de naturaleza local.
● La aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el
coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña y la aportación a la
solidaridad.
o La aportación de los gastos del Estado se establecerá a través de uno
porcentaje de participación en los tributos.
o La aportación a la solidaridad debe ser explícita y debe reflejarse de
forma transparente. La Generalitat debe contribuir a la solidaridad con
las demás comunidades autónomas a fin de que los servicios prestados
por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan
alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal
también similar.
Esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad.
C. HACIENDA CATALANA
Con el objetivo de implementar este nuevo modelo, es imprescindible que el desarrollo
de la hacienda catalana sea una prioridad para el próximo Gobierno de la Generalidad
de Cataluña con el objetivo de que esta administración alcance plena autonomía en la
recaudación, gestión, liquidación y inspección de todos los tributos que se generen en
Cataluña.
La hacienda catalana debe instrumentalizarse a través de la Agencia Tributaria de
Cataluña (ATC) con el objetivo final de asumir progresivamente las funciones de
aplicación de todos los tributos generados en Cataluña por medio del ejercicio de las
potestades y funciones administrativas de liquidación, recaudación y comprobación de
las obligaciones tributarias de los impuestos, con el uso, cuando corresponda, de los
mecanismos previstos por la ley.
La asunción de estas competencias requerirá el traspaso de los medios humanos,
materiales, económicos y tecnológicos.
D. IMPLEMENTACIÓN
Con el objetivo de implementar este nuevo sistema de financiación singular para
Cataluña, será necesario formalizar el presente acuerdo durante el primer semestre de
2025 en la comisión bilateral entre el gobierno de la Generalitat y el del Estado en
relación al modelo de financiación .
En 2025 será necesario impulsar los acuerdos a los que se llegue en la comisión
mencionada anteriormente, a través de las modificaciones legislativas necesarias y,
cuando corresponda, se trasladarán a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y
Fiscales Estado-Generalitat a fin de que se puedan aprobar.
Los objetivos serán:
a) La asunción progresiva, por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña, de la
gestión, recaudación, liquidación, inspección y disponibilidad de todos los
impuestos soportados en Cataluña.
b) El aumento sustancial, por parte de la Generalidad de Cataluña, de la capacidad
normativa tributaria en coordinación con el Estado y la Unión Europea.
c) El despliegue calendarizado del nuevo modelo de financiación, empezando por
los
pasos que se citan en el siguiente apartado.
d) El impulso de las modificaciones que correspondan de la LOFCA, de la Ley de
financiación de las comunidades autónomas y de la Ley de cesión de tributos a
Cataluña que sean necesarias para la implementación de estos objetivos.
Mayor autonomía de gestión y espacio fiscal propio:
Tal y como establece el artículo 204 y 205 del EAC, la Agencia Tributaria de Cataluña
(ATC) puede asumir la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de los
impuestos recaudados en Cataluña y que actualmente gestionan desde la AEAT .
La ATC, creada en 2007 y en funcionamiento desde 2008, cuenta con más de 16 años
de experiencia que le avalan para asumir nuevas competencias tributarias. El primer
tributo en el que se adelantará en la aplicación de los objetivos de la implementación
del nuevo modelo de financiación será el IRPF. Las comisiones mencionadas
anteriormente tomarán los acuerdos correspondientes para asegurar su ejecución a lo
largo del año 2026
Adicionalmente, en relación con el espacio fiscal propio de Cataluña, durante el año
2025 se llevarán a cabo los trabajos en las dos comisiones mencionadas anteriormente
para llevar a cabo propuestas, como mínimo, sobre:
1. IVA PYMES. Atribución de la recaudación del IVA PYMES en
función de su domicilio en lugar de la estadística de consumo y
análisis de la extensión de este mecanismo a otros tributos.
2. IVA arrendamientos turísticos: Cuando se apruebe la Directiva
europea, se establecerá en la Ley del IVA un sistema de opción
para que Cataluña pueda decidir la aplicación del impuesto a los
arrendamientos turísticos en su territorio o en parte, lo que
permitirá determinar cuál es el régimen de atribución de la
recaudación más oportuno.
E. TRANSITORIEDAD
Mientras se produzca el despliegue del nuevo modelo de financiación descrito en este
documento se llevarán a cabo las siguientes acciones:
1. Incremento sustancial de recursos: incrementar los recursos
derivados de la evolución de las necesidades del Estado del
Bienestar y compensar los desequilibrios que se han producido en la
vigencia del actual modelo.
2. Ordinalidad según la capacidad fiscal: Cataluña aporta al sistema de
financiación más de lo que recibe, ya que tiene un mayor nivel de
renta y consumo que otros territorios. En cualquier caso, la
financiación de Cataluña debe respetar el principio de ordinalidad.
Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante,
ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el
mismo orden que en la escala de lo que reciben. Se trata de un
cambio estructural en el sistema de financiación, que en caso de no
adoptarse durante 2025, requerirá medidas compensatorias.
3. Solidaridad: Cataluña seguirá aportando a la solidaridad territorial.
La aportación debe ser explícita, y debe reflejar de forma
transparente cuánto aporta y cuánto recibe, de modo que la
contribución a la solidaridad de Cataluña sea conocida y reconocida.
4. Competencias no homogéneas: Cataluña ejerce un conjunto de
competencias singulares que no tienen otros territorios. En el
cálculo de las necesidades de gasto a financiar en Cataluña deben
tenerse en cuenta todas las variables relevantes, como el aumento
de la población en edad escolar o el factor envejecimiento, para
reflejar adecuadamente las singularidades propias de Cataluña.
Es necesario actualizar su financiación atendiendo a sus costes reales
ya las
nuevas necesidades y funciones que se han generado en su entorno.
5. Consorcio para las inversiones: Para hacer frente al déficit de
inversiones en Cataluña y la baja ejecución de las inversiones
previstas, se constituirá un Consorcio paritario Estado-Generalitat.
Su objeto será la gestión y ejecución de las inversiones del Estado en
Cataluña.
Se definirá un marco plurianual de financiación en el Convenio de
creación del Consorcio en el que se tenga como referencia, para
dotarlo presupuestariamente, a la media de inversión pública sobre
el PIB en el conjunto del Estado. Es decir, se establecerá la
financiación para el Consorcio en una cifra equivalente a la
aplicación de la ratio sobre el PIB que se presupuesta.
Cataluña es una nación construida a partir de una visión inequívocamente inclusiva, propia de
un país plural y diverso. Una nación en la que el catalán ha actuado y debe seguir actuando
como la lengua común y de progreso del conjunto de la sociedad y donde la vocación
europeísta y mediterránea debe seguir guiando la proyección internacional del país.
Partiendo de este planteamiento, la XV legislatura debe comportar un fortalecimiento del
conjunto de políticas encaminadas a potenciar el uso social de la lengua catalana como mejor
forma de asegurar la cohesión de la sociedad catalana y, a la vez, seguir reforzando la acción
exterior de la Generalitat frente a un mundo cada vez más global.
Con estos objetivos, los abajo firmantes asumen los siguientes compromisos:
1. Lengua.
El retroceso del uso social de la lengua catalana exige dar continuidad y seguir
reforzando con la máxima ambición y consenso la política lingüística, con especial
atención a la defensa del modelo de escuela catalana como garantía del aprendizaje de
la lengua, a su normalización y fomento en todos los ámbitos, y en la garantía de los
derechos lingüísticos.
Asimismo, la política lingüística de Cataluña debe incorporar el objetivo de reforzar el
impulso y el progreso del occitano en Arán y de la lengua de signos catalana.
1.1. Departamento de Política Lingüística.
La política lingüística tendrá rango de Departamento, con un plan de acción
transversal que se proyecte sobre el conjunto de los Departamentos del Govern
y sus políticas.
1.2. Pacto Nacional por la Lengua.
Aprobar el Pacto Nacional por la Lengua y su calendario de ejecución,
propuesto por el actual Govern. Hacerlo en el plazo de los 100 primeros días
del nuevo Gobierno, asumir sus medidas en el Plan de Gobierno y dotarlo con
la correspondiente financiación anual para su despliegue, que, para el primer
año, se prevé de 200 millones de euros.
1.3. El catalán en las instituciones.
Garantizar el catalán como la lengua de uso normal de las administraciones y
de las instituciones catalanas en sus actuaciones internas y en la relación entre
ellas, así como en las comunicaciones y notificaciones dirigidas a las personas
físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán, sin perjuicio del
derecho de opción lingüística de la ciudadanía en su relación con la
administración.
1.4. El catalán en la educación.
El catalán, como lengua propia de Cataluña, debe ser la lengua normalmente
utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo y en
la acogida del alumnado recién llegado.
Al final de la etapa educativa obligatoria, el sistema educativo debe garantizar
la competencia oral y escrita plena en catalán y en castellano, tanto en los
registros formales como en los informales.
En cualquier caso, la determinación de la presencia de las lenguas oficiales en
la enseñanza no universitaria deberá estar basada exclusivamente en criterios
pedagógicos recogidos en el proyecto lingüístico de cada centro. Estos
proyectos se elaborarán a partir del análisis de los usos y la exposición del
alumnado a las diversas lenguas con el fin de impulsar medidas de apoyo
educativas de cada lengua y en ningún caso a partir de parámetros impuestos,
ajenos a criterios pedagógicos.
El Departamento de Educación orientará a los centros, de acuerdo con los
datos sociolingüísticos disponibles, en la aplicación de metodologías de
inmersión lingüística en lengua catalana para que el alumnado de contextos en
los que la lengua habitual y familiar no es el catalán tenga la oportunidad de
aprenderla en igualdad de condiciones. Igualmente, el Departamento velará
por que la comunidad educativa cumpla los compromisos lingüísticos y
educativos adquiridos y tomará las medidas necesarias para garantizar el
derecho del alumnado a recibir la formación de acuerdo con lo que establezca
el proyecto lingüístico de su centro.
El Gobierno de la Generalitat, si se pone en riesgo la prevalencia de este
criterio pedagógico, promoverá, con el consenso del resto de fuerzas políticas y
entidades que defienden el modelo de la escuela catalana, las reformas y
acciones necesarias para su defensa y garantizarlo, sin abandonar nunca el
objetivo.
El catalán es la lengua de uso normal en la acogida del alumnado recién
llegado. Así, el alumnado recién llegado recibirá los apoyos necesarios para
garantizar el aprendizaje de las lenguas oficiales y hacer posible su inclusión en
la sociedad catalana.
1.5. Impulso del uso social del catalán y garantía de derechos lingísticos.
Es en el uso social donde se cifra la vitalidad de una lengua. Entre las diversas
acciones
que se impulsarán para promoverlo, destacan las siguientes:
a) Extender la vehicularidad de la lengua catalana en el ámbito de las
actividades extraescolares y del deporte de base y el ocio, mediante el
despliegue progresivo de los Planes Educativos de Entorno en todos los
municipios de Cataluña y adoptando la metodología de la inmersión
lingüística donde sea necesario. Estas actividades tendrán carácter
universal.
b) Desarrollar el plan de impulso al catalán en el audiovisual y el entorno
digital, como mínimo con la dotación prevista en el proyecto de
presupuestos para 2024, que incremente las películas y series producidas,
dobladas o subtituladas en catalán, exhibición de cine en catalán en sala, la
incorporación del catalán en las plataformas, la presencia del catalán en las
redes sociales y en los videojuegos, y la disponibilidad del catalán en las
principales tecnologías de la lengua.
c) Relanzar los mecanismos de acogida, enseñanza y dinamización lingüística
para personas adultas para hacer frente efectivamente tanto al reto
migratorio como a las necesidades del conjunto de la población, reforzando
la dotación económica y personal del Consorcio para la Normalización
Lingüística. Potenciar la concertación local, con los agentes cívicos y
sociales implicados y con los ayuntamientos, para impulsar el catalán como
lengua de acogida, así como la concertación social, incluyendo el catalán en
los cursos de políticas activas de empleo y formación continua como a
materia y garantizar su uso normal como lengua vehicular.
d) En el marco de la aplicación de los planes de fomento del catalán
desarrollados por los departamentos de Salud y Derechos Sociales,
establecer un calendario de capacitación del personal y normalización del
uso que garantice la atención activa en catalán a los usuarios a lo largo de
la legislatura , y ejecutar las medidas pertinentes para lograrlo.
e) Garantizar activamente el cumplimiento de la legislación en materia de
derechos lingüísticos, especialmente en la empresa y en el comercio
(rotulación, etiquetado, atención al público, oferta de servicios, etc.) y
dotar a los organismos encargados de velar por este cumplimiento del
personal y los recursos necesarios para ello.
f) Aplicar durante el curso 2025-26 las previsiones sobre conocimiento de
catalán del profesorado incluidas en la ley 12/2009, de 10 de julio, de
educación de Cataluña. Incluir, la consecución del C2 de catalán en el grado
de educación primaria, de acuerdo con las universidades, y potenciar su
obtención en los otros grados, sobre todo en los más orientados a la
docencia, así como en el máster universitario de formación del
profesorado. Garantizar que todos los graduados en universidades
catalanas en los grados lingüísticamente estratégicos (salud, derecho,
trabajadores sociales, ciencias de la comunicación, etc.) alcanzan el nivel C1
de catalán, como competencia lingüística necesaria para atender a los
pacientes y usuarios del país . Dotar económicamente a los servicios
lingüísticos universitarios para posibilitarlo.
g) Crear un centro de investigación aplicada en política lingüística, aprendizaje
y uso de la lengua vinculado al sistema universitario y de investigación, el
Gobierno, el Consejo Social de la Lengua y el Consorcio de Normalización
Lingüística, y dedicado a analizar la realidad sociolingüística, evaluar las
actuaciones realizadas, liderar experiencias innovadoras y proponer el
desarrollo de nuevos recursos.
2. La proyección europea e internacional de Cataluña
Las formaciones abajo firmantes coinciden en concebir como base de la acción exterior
y la proyección europea e internacional de Cataluña la Ley 16/2014, de 4 de diciembre,
de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea.
2.1. Departamento de Acción Exterior y Unión Europea.
Se mantendrá el Departamento de Acción Exterior y UE, así como el Programa de
apoyo al cuerpo consular establecido en Cataluña.
2.2. Cuerpo de Acción Exterior.
Se culminará la creación del Cuerpo de Acción Exterior y se establecerá un plan
de implementación de sus funcionarios y funcionarias en todos los
departamentos.
2.3. Red de delegaciones.
Se consolidará y ampliará la red de delegaciones actual, con especial atención a
América Latina y Asia y se reforzará la acción exterior en el continente africano.
Con esta finalidad, también se mantendrá el Programa para la mejora de la
gobernanza de las delegaciones del Gobierno en el exterior.
2.4. Presencia en organismos europeos e internacionales.
Se reforzará la presencia de la Generalidad de Cataluña en más formaciones de
los Consejos de la Unión y grupos de trabajo derivados, donde las instituciones
catalanas tengan competencias o intereses específicos.
Asimismo, se promoverá la participación de la Generalidad de Cataluña en
organismos y agencias internacionales donde se traten cuestiones que afecten
a sus competencias (ONU, UNESCO, OMS, EUROPOL, ONU Mujeres, ONU
Habitat, UNRWA, FAO, OCDE, OCHA, UNDP , UPM…). De forma prioritaria:
– Se desarrollarán los mecanismos para facilitar la participación de
Cataluña en la UNESCO, tal y como hacen otras realidades nacionales
como Flandes o Quebec.
– Cataluña participará en reuniones de la tercera dimensión de
seguridad de la OSCE, en las que se abordan aspectos relativos a los
derechos humanos y libertades en el continente europeo, en el
Cáucaso y en Asia Central. También participará en reuniones relativas a
las cuestiones ambientales y económicas de este ámbito.
– Se incluirá un representante de la Generalidad en el Senior Officials
Meeting de la de la Unión por el Mediterráneo per tal de participar en
la presa de decisions que afecten tot l’arc euromediterrani.
– Se garantizará la presencia del CAC en elDESDE (European Regulators
Group for Audiovisual Media Services), así como la presencia del 3Cat
en elUER (Unión Europea de Radiodifusión).
– Se promoverá el destacamento temporal de expertos de la Generalitat
en instituciones y agencias de Naciones Unidas (práctica conocida
como “adscripciones”, en nomenclatura de los organismos
internacionales), tal y como establece la Ley de Acción exterior.
2.5. Paz y cooperación internacional
Cumplir con el objetivo del 0,7% de los ingresos corrientes no condicionados a
la Ayuda Oficial al Desarrollo, en 2030.
Cumplir con el enfoque feminista de la cooperación al desarrollo
Retomar el Fòrum Català por la paz, proceso participativo plural que debe
permitir generar una estrategia catalana y políticas públicas para la
construcción de la paz, y la transformación y prevención y resolución de los
conflictos violentos.
3. Selecciones deportivas catalanas
Teniendo en cuenta la vitalidad del deporte catalán federado, la tradición histórica y el arraigo
social, así como la alta participación y capilaridad territorial, se continuará trabajando por el
máximo reconocimiento del deporte catalán a todos los niveles.
En este sentido, se promoverá la proyección internacional de las federaciones deportivas
catalanas y el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas, de acuerdo con la
voluntad y el trabajo conjunto con las Federaciones. A estos efectos:
– Se constituirá una Oficina del Gobierno, adscrita al Consejo Catalán del Deporte, que
promoverá las selecciones deportivas catalanas, ofrecerá el apoyo activo y
acompañamiento a las federaciones deportivas catalanas, que de acuerdo con su
voluntad y con lo que establece artículo 48.2 de la Ley estatal 39/2022, de 30 de
diciembre, del Deporte, pueden optar a la participación directa en el ámbito
internacional por el hecho de haberse constituido antes que la federación estatal
correspondiente y de acuerdo con el arraigo social e histórico en Cataluña. Esta oficina
también velará ante el Consejo Superior de Deportes estatal por este reconocimiento.
A. CONTINUIDAD DE LAS POLÍTICAS DEL ACTUAL GOBIERNO DE CATALUÑA:
A.1. CATALUÑA VERDE: AGUA, ENERGÍA,
INFRAESTRUCTURAS ENERGÍA
● Continuar la consolidación de la Energética como empresa pública de generación y
suministro de energía renovable, conseguir la neutralidad climática de la Generalitat y
su sector público en 2030.
● Continuar la apuesta por el nuevo modelo energético catalán, con la extensión del
autoconsumo y las comunidades energéticas. Un modelo basado en la implementación
de las energías renovables, distribuido, participado, desnuclearizado y con cohesión
territorial, que debe contribuir a la descarbonización de la economía, la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al tejido productivo, en el transporte y
en nuestros hogares. Un modelo energético que priorizará el fomento de la generación
de electricidad renovable, incluida preferentemente la de proximidad y el
autoconsumo. En consecuencia, el Gobierno de la Generalitat se opondrá a aquellos
proyectos contrarios a este modelo energético, como son los proyectos privados de las
líneas eléctricas de evacuación de muy alta tensión (MAT) de la línea del Baix
Cinca-Pierola-Rubí, la línea Valmuel-Begues y la línea Laluenga-Isona.
AGUA
● Continuar con el apoyo al mundo local en la mejora de las redes de abastecimiento, ya los
sectores afectados por minimizar los impactos derivados de la sequía.
● Cumplir con el calendario previsto y continuar con las inversiones en obras hidráulicas
estructurales que nos permitan ser más resilientes frente a episodios futuros de sequía
y generar más recursos, como las nuevas infraestructuras de desalación previstas en la
Tordera y el Foix, con las estaciones de agua regenerada con el objetivo de llegar a 130
hm³/año de agua regenerada, lo que garantizará una inversión de 110 M€ en la
construcción y mejora de 24 plantas de agua regenerada, así como con todas las
inversiones en plantas potabilizadoras.
MOVILIDAD y TRENES
● Mantener el proyecto del TRAMCAMP que permitirá ofrecer un sistema de transporte
público ferroviario en el área metropolitana de Tarragona.
● Continuar con el estudio para poder implantar servicios ferroviarios en la Costa Brava, el
Pirineo, la Cataluña Central y las Terres de l’Ebre.
● Continuar con la exigencia de la recuperación del servicio AVANT Tortosa-Barcelona.
● Cercanías. Despliegue del acuerdo de investidura, con el objetivo de conseguir la
constitución de la nueva operadora entre 2024-2025 y el traspaso de las primeras
infraestructuras durante 2025 y ejecutar los hitos acordados en la reunión del 09/02/24,
antes de terminar el año 2024:
– Haber transferido el déficit de explotación de RENFE de 2023.
– Presentar el borrador de los estatutos de la nueva empresa operadora.
– Completar el estudio de las infraestructuras a transferir:
● Iniciar el traspaso de la línea R1.
● Impulsar conjuntamente Gobierno/Gobierno/RENFE un plan de choque de mejora
de
servicios.
● Mantener el despliegue previsto de la T-Mobilitat en todo el territorio para hacer
realidad la integración tarifaria de toda Cataluña durante el 2025.
● Continuar con las bonificaciones en la T-Joven.
● Mantener el compromiso de la gratuidad de la T-16 y su uso en toda Cataluña.
A.2. CATALUÑA PRÓSPERA: EMPRESA Y TRABAJO,
FISCALIDAD. EMPRESA
● Continuar trabajando por una Reindustrialización verde y justa que reparta el trabajo y
el bienestar que el nuevo contexto climático pone en peligro y desarrollar mecanismos
de compensación y readaptación para las personas trabajadoras.
● Dar continuidad al esfuerzo de impulsar la industria en Cataluña iniciado con el Pacto
Nacional por la industria 2020-2025, llegando a alcanzar un peso industrial del 25% del
PIB del país en 2030.
● Continuar desplegando los mecanismos de facilitación de proyectos estratégicos,
establecidos en la Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad
económica. Establecer la figura de «proyectos estratégicos» para reconocer los
proyectos de inversión más relevantes por su impacto positivo y singular en la economía
catalana.
● Continuar con el despliegue de la alianza de semiconductores. El sector de los
semiconductores es estratégico para la economía catalana y es necesario continuar con
el compromiso de inversión por parte de la Generalidad de Cataluña, y cerrar la parte de
financiación a través del PERTE chip para sacar adelante la planta de preproducción de
chips que supone un paso clave en el camino hacia la soberanía tecnológica catalana.
FISCALIDAD
● Mantener el impuesto de sucesiones y patrimonio en los tipos actuales y no
implementar propuestas de deflactación del IRPF.
A.3. CATALUÑA JUSTA: VIVIENDA, EDUCACIÓN, SALUD, DSO, CULTURA.
VIVIENDA
● Poner en marcha un programa urgente de fomento de la vivienda protegida para
resolver la actual crisis de accesibilidad y construir 50.000 pisos nuevos en el período
2024-2030.
● Crear un programa de rehabilitación de viviendas para incrementar el parque de alquiler
asequible y social 2024-2030.
● Mantener el compromiso presupuestario por políticas de vivienda alcanzada en la
propuesta de presupuestos del ejercicio 2024.
● Desarrollar en el marco de las competencias de la Generalidad de Cataluña la
aplicación de la Ley estatal de vivienda, en especial el Índice de referencia de precios
de los alquileres.
● Impulsar conjuntamente la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones
así
como de las viviendas de uso turístico.
EDUCACIÓN
● Mantener la gratuidad del I2 y dar continuidad al trabajo iniciado para hacer universal
y gratuita la educación 0-3.
● Mantener el vale escolar dirigido a las familias con hijos/as que estén en primaria y en
secundaria con una cantidad mínima de 70€ por hijo/a, tal y como estaba previsto en
el proyecto de presupuesto 2024.
● Mantener el adelanto del calendario escolar.
● Mantener la no concertación de centros que segregan por género en primaria y terminar
con los conciertos de aquellas que segregan por género en secundaria.
SALUD
● Mantener y consolidar las mejoras laborales (retributivas y organizativas) de los
profesionales sanitarios, realizadas en 2023 y principios de 2024.
● Culminar la armonización de las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores/as
sanitarios, consiguiendo que sean homologables y reforzando la visión unificada del sistema.
● Mantener las inversiones hopitalarias y cumplir su calendario previsto, en todo caso en
lo que se refiere a:
– El nuevo Hospital Clínic
– El nuevo Campus Salut de Girona,
– El nuevo Hospital de Terres de l’Ebre. Mientras la construcción no esté finalizada,
continuar la mejora prevista del Hospital Verge de la Cinta.
– La ampliación prevista del hospital del Vall d’Hebron.
– Las inversiones para la renovación y mejora del Hospital Joan XXIII de Tarragona.
– Culminar la ampliación del Hospital del Mar.
– Refuerzo del parque Hospitalario de Lleida, formado por el Hospital Universitario
Arnau de Vilanova y el Hospital Universitario Santa Maria, a través de la
construcción del nuevo edificio de consultas externas del Hospital Universitario
Arnau de Vilanova y la ampliación del nuevo bloque quirúrgico, entre otras cosas.
– Continuar con la planificación del Nuevo Hospital Vallès Sud.
– Continuar con los procesos de republificación.
CULTURA
● Alcanzar el objetivo del 2% del presupuesto, tal y como estaba previsto, en 2025.
● Impulsar como un proyecto estratégico del País el proyecto del Cataluña Media City
(CMC) en las Tres Chimeneas (Sant Adrià de Besòs y Badalona), de forma
coordinada con el Parque Audiovisual de Cataluña (Terrassa), para que sea el
centro más importante de la industria audiovisual, la cultura digital y el videojuego
de Europa.
DEPORTE
● Continuar potenciando la igualdad en el deporte, manteniendo la apuesta por el
deporte femenino y la proyección de las referentes deportivas. Avanzar en la lucha
contra los estereotipos y violencias machistas, la precariedad de las profesionales, la
brecha salarial y los obstáculos y reticencias para que las mujeres también puedan
acceder a los cuadros técnicos y directivos de los clubs deportivos.
DERECHOS SOCIALES
● Mantener la Oficina de pobreza energética.
● Continuar con el despliegue de la atención integrada social y sanitaria en las residencias
de mayores, y mantener las experiencias de integración ya desplegadas territorialmente.
A.4. CATALUÑA DE DERECHOS Y FEMINISTA: FEMINISMOS, LGTBI, PAZ, COOPERACIÓN,
SEGURIDAD.
FEMINISMOS
● Mantener al Departamento de Políticas de Igualdad y Feministas.
● Mantener la creación de la Red Lila de país incluida en el proyecto de presupuestos
2024, para la prevención de las violencias machistas; combatir las desigualdades en el
ámbito laboral, y profundizar en el derecho a los cuidados y el derecho al tiempo.
● Mantener el derecho a que las mujeres puedan elegir entre los dos métodos de
interrupción voluntaria del embarazo en todas las regiones sanitarias.
● Mantener el programa de acceso universal a productos menstruales reutilizables para
acabar con la pobreza menstrual que padecen 1 de cada 4 mujeres en Cataluña.
SEGURIDAD
● Mantener las convocatorias anuales del cuerpo de Mossos d’Esquadra, con un mínimo de
900
anuales, para alcanzar el objetivo de 22.000 efectivos en Cataluña en 2030.
● Continuar con la planificación haciendo nuevas promociones continuadas en el cuerpo
de Bomberos, para alcanzar en 2028 los 3.300 bomberos y bomberas funcionarios y
2.100 bomberos y bomberas voluntarios.
● Continuar haciendo nuevas convocatorias en el cuerpo de Agentes Rurales para alcanzar
los 900 efectivos
2030.
● Incrementar la dotación de personal administrativo y técnico de apoyo, y crear la escala
de
apoyo a los Bomberos.
● Mantener la feminización de los cuerpos de seguridad y emergencias. Para poder
culminar la
transformación de la estructura y la cultura organizativa:
– Continuar haciendo la reserva de plazas para las convocatorias de acceso y
promoción
en los distintos cuerpos operativos.
– Continuar haciendo campañas para fomentar la participación de mujeres en estas
convocatorias para que cada vez se presenten más.
– Continuar implementando medidas de igualdad en los distintos cuerpos operativos.
– Continuar adecuando las infraestructuras y equipamientos con perspectiva de
género.
– Hacer convocatorias territorializadas de promoción de la Policía de la Generalitat-
Mossos d´Esquadra.
● Continuar dotando de los recursos y medios necesarios a los cuerpos operativos y
aprobar nuevos
planes estratégicos para cada uno de ellos.
● Continuar la mejora del parque móvil de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
● Continuar con la incorporación de vehículos de Bomberos para alcanzar en 2028 la
actualización total del parque móvil; de equipamiento individual y de equipos y
materiales de intervención.
● Continuar con la adecuación de la flota de vehículos al crecimiento del cuerpo de Agentes
Rurales.
A.5. CATALUÑA ENTERA.
● Desarrollar la Ley 11/2022, de 29 de diciembre, de mejora urbana, ambiental y social
de los barrios y villas, y dotarla de los recursos necesarios.
● Mantener la mejora de las condiciones de los profesionales en el ámbito rural para
garantizar la atención a la salud en el conjunto del país.
● Continuar facilitando la relación administrativa y la agilización de las tramitaciones entre
el
Gobierno de la Generalidad y los municipios rurales, y profundizar en ellos.
● Completar el despliegue de la agenda rural.
B. POLÍTICAS A IMPULSAR POR EL PRÓXIMO GOBIERNO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA:
B.1. CATALUÑA
VERDE CLIMA
● Conseguir que en 2030 Cataluña pueda autoabastecerse a partir de la ejecución de las
inversiones en agua regenerada, potabilización y desalinización, que permita que
Barcelona no dependa del trasvase del Ter por tener agua de boca. Y el compromiso
inequívoco de no realizar ningún tipo de trasvase del agua del Ebro.
● Siempre respetando la autonomía y la decisión de los municipios, trabajar por extender
el sistema de recogida de residuos mediante el sistema “puerta a puerta” o contenedor
inteligente a los municipios de menos de 20.000 habitantes.
AGRICULTURA Y AGROALIMENTACIÓN
● Creación de una Oficina única para reducir, optimizar y facilitar los trámites e impulsar
una
propuesta de renta básica agraria.
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
● Aprobar el “Plan de Choque para unas Cercanías dignas”, medidas a corto, medio y largo
plazo
para dignificar el servicio actual de Cercanías de Cataluña.
● Mantener las políticas de bonificación de los peajes de la C16 y la C32 aprobadas por el
Govern de la Generalitat.
● El Gobierno se compromete a defender al corredor ferroviario de mercancías por el
interior
(Campo de Tarragona-Penedès).
B.2. CATALUÑA
PRÓSPERA EMPRESA
● Impulsar el Programa PYME transversal en las políticas productivas del Gobierno. El
objetivo debe ser el de impulsar, desde el punto de vista transversal y para el conjunto
del Gobierno de Cataluña, las políticas de acompañamiento de las personas
autónomas, las pequeñas y medianas empresas, en cuestiones como una fiscalidad
más progresiva de de acuerdo con el tamaño de los proyectos empresariales, la lucha
contra la morosidad, el impulso del acceso de las pymes a la contratación pública, la
simplificación administrativa o el seguimiento del principio “think small first”, entre
otros.
POLÍTICA FISCAL
● Mantener el acuerdo alcanzado en el marco de los presupuestos 2024 de rebajar el
IRPF para rentas menores de 35.000 €.
B.3. CATALUÑA
JUSTA EDUCACIÓN 0-3
● Implementar la gratuidad del I1 en el curso 2025-2026.
INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES
● Programa de inversiones plurianual para las infraestructuras universitarias y de
investigación.
● Garantía de mayor equidad en la política de precios universitarios, avanzando
progresivamente hacia la igualación de los precios públicos en la oferta de grados y
másteres universitarios y equiparación de las familias monoparentales a los beneficios
de las familias numerosas.
SALUD
● Implementar centros territoriales de salud bucodental.
● Desarrollar el Pacto Nacional de la Salud Mental a través del Programa para la
Implementación y seguimiento de las estrategias y objetivos estratégicos del Pacto
Nacional de Salud Mental.
ASUNTOS SOCIALES, INFANCIA Y JUVENTUD
● Diseñar e implementar una metodología de actualización del IRSC, en base a unos
criterios objetivos que permitan garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de
las prestaciones asociadas al IRSC.
● Equiparar a las familias monoparentales a las numerosas en cuanto a derechos y
medidas fiscales.
CULTURA
● Continuar con el incremento presupuestario de las políticas culturales hasta llegar al
2% en 2025 y mantener su compromiso durante toda la legislatura.
● Dar continuidad del proyecto de ampliación del MNAC y garantizar la
implicación presupuestaria del Gobierno del Estado.
C. AGENDA LEGISLATIVA
Se acuerda, en relación con las iniciativas legislativas enunciadas a continuación, que ambos
grupos parlamentarios se comprometen acordar el contenido del texto para iniciar la
tramitación parlamentaria y la fórmula legislativa más idónea para su registro en el Parlament
de Catalunya.
Concretamente, se adopta el compromiso de impulsar durante el primer año de legislatura
tramitación de las siguientes leyes:
● Ley catalana de arrendamientos urbanos y regulación de contratos de alquiler.
● Ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el sinhogarismo.
● Ley del Tercer Sector Social.
● Ley de la Agencia Integrada Social y Sanitaria.
● Ley de memoria democrática de Cataluña.
● Ley que modifica la Ley del CRT para elevar el tipo impositivo del juego vinculado a los
casinos y volver al régimen de fiscalidad anterior a la ley del CRT.
● Ley para establecer la primera etapa de educación infantil gratuita y universal.
● Ley del Estatuto de los Municipios Rurales.
● Ley de derechos culturales.
Asimismo, se adopta el compromiso de impulsar durante la legislatura los siguientes proyectos de
ley:
● Ley para garantizar los derechos de las personas consumidoras en materia de
titularizaciones hipotecarias y crediticias.
● Ley para la erradicación del amianto en Cataluña.
● Ley de instrumentos de provisión del sistema público de servicios sociales.
● Ley del sistema de Policía de Cataluña.
● Ley de protección de animales.
● Ley del impuesto de actividades generadoras de gases de efecto invernadero.
● Ley de calidad atmosférica.
● Ley de residuos de Cataluña.
● Ley de organización de la administración de la Generalitat y de su sector público
institucional.
● Ley de empleo público de Cataluña.
● Ley catalana de compra pública.
● Ley del territorio.
D. POR UN MODELO DE PAÍS BASADO EN EL PROGRESO
D.1. Proyectos empresariales sostenibles para el Camp de Tarragona.
El Camp de Tarragona necesita proyectos empresariales sostenibles y que aporten
calidad a los puestos de trabajo. Se hace necesario, en el actual contexto económico y
social, apostar por el turismo responsable y sostenible y por la descarbonización de la
industria en este territorio.
Por eso es necesario:
● Aprobar la modificación de la Ley del CRT a fin de elevar el tipo impositivo del
juego vinculado a los casinos y volver al régimen de fiscalidad anterior a la Ley del
CRT.
● Apoyar los proyectos de descarbonización de la Industria del Camp de Tarragona.
D.2. La Oficina del Plan Piloto para implementar la Renta Básica Universal, una
herramienta esencial para asegurar el progreso social
La Renta Básica Universal (RBU) es un derecho humano emergente para hacer efectivo
el derecho de todas las personas a vivir en condiciones de dignidad, promover la
libertad real de las personas, su autonomía en la toma de decisiones y la participación
política y cultural , y busca reducir la desigualdad, la exclusión social y la pobreza. Por
todo esto, se articula como una asignación monetaria, universal, individual,
incondicional y suficiente.
El Gobierno de la Generalidad de Cataluña quiere promover un debate público,
informado, riguroso y con datos sobre la aplicación de una Renta Básica Universal en
nuestro país. Por eso, la Oficina del Plan Piloto de la RBU continuará su labor de
difusión de la Renta Básica Universal, y el Gobierno actualizará el plan piloto diseñado y
evaluado por Ivalua que ha contado, además, con el asesoramiento del Consejo Asesor
para el diseño y organización del plan piloto para implementar la RBU para adaptarlo al
contexto social, económico y jurídico del momento en que se lleve a cabo su
implementación durante la próxima legislatura.
D.3. Aeropuerto de Barcelona – El Prat.
El conjunto del sistema aeroportuario de Cataluña merece una modernización que
fomente
un mayor equilibrio territorial, que corrija la excesiva especialización del aeropuerto de
Barcelona – El Prat en vuelos cortos punto a punto en favor de una mayor conectividad
de largo radio, que solucione los problemas de capacidad en horas punta, que consiga
una menor estacionalidad del tráfico y que favorezca la transición energética del
transporte aéreo.
Por todo ello, es imprescindible que la Generalidad de Cataluña pueda incidir en los
aspectos clave y estratégicos de las infraestructuras aeroportuarias. La Generalitat
debe ser el garante de velar por los intereses públicos y territoriales, y articularlos
institucionalmente en un nuevo modelo de gestión y gobernanza.
En este sentido, se acuerda:
1. Dar continuidad a la labor de la comisión técnica acordada entre el Gobierno de la
Generalidad y el Gobierno de España para definir el nuevo modelo de gestión
catalán aeroportuario con el objetivo de transformar el aeropuerto Josep
Tarradellas Barcelona
– El Prat para que gane capacidad con nuevas conexiones intercontinentales de
largo radio, así como determinar las características del futuro sistema
aeroportuario catalán, que incorporará los roles que también deben tener los
aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell y Lleida-Alguaire.
Este sistema aeroportuario catalán debe contribuir a la reducción de emisiones y
para conseguirlo se establecerá un máximo de emisiones anuales, que en ningún
caso será superior al actual, y que condicionará el número total de operaciones que
se podrán realizar anualmente. Este límite de emisiones serán decrecientes de
acuerdo con los objetivos de reducciones de emisiones del European Green Deal
2. El nuevo impulso del aeropuerto Barcelona – El Prat debe respetar la
biodiversidad, la convivencia con vecinos y vecinas y las directivas ambientales
europeas, poniendo especial cuidado en la preservación y la puesta en valor de los
espacios protegidos Red Natura 2000, y debe garantizar la viabilidad el desarrollo
presente y futuro del Port de Barcelona.
3. Buscar el consenso necesario territorial e institucional para facilitar el desarrollo
de un modelo aeroportuario en el que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña
sea un actor determinante en la toma de decisiones estratégicas relativas al
aeropuerto de Barcelona – El Prat (nuevo plan director, garantizar la incorporación
de las inversiones necesarias en el Dora III en especial la Terminal Satélite…) y que
permita la conexión con alta velocidad ferroviaria de los aeropuertos de Girona y
Reus para mejorar su competitividad.
4. En el ámbito de la gobernanza aeroportuaria, se acuerda:
a) Que los partidos abajo firmantes promoverán las modificaciones en el marco
legal actual para hacer efectiva la creación de un nuevo Consejo Rector
Aeroportuario de Cataluña (CRAC) en sustitución del actual comité de
coordinación aeroportuaria (CCA). La voluntad compartida por ambas
fuerzas políticas es que esta modificación permita al Gobierno de la
Generalidad de Cataluña acordar con el Gobierno del Estado tener un papel
determinante en la definición, articulación y gestión del nuevo sistema
aeroportuario catalán, y que sus funciones,
composición y medios de este nuevo organismo permitan materializar ésta
voluntad.
b) Crear la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, que vehiculará los intereses
de Cataluña, responsabilizándose y apoyando el nuevo papel de la
Generalidad de Cataluña en el nuevo modelo de gobernanza, y centralizará
las competencias propias de la Generalidad que tengan relación con la
política aeroportuaria (Consumo, Trabajo, Medio ambiente, Planificación,
Urbanismo, Accesibilidad, Transporte, Desarrollo inmobiliario, Promoción
económica, etc.).
Se crea una comisión de seguimiento de este Acuerdo integrada por tres representantes de
cada una de las partes abajo firmadas con el objetivo de evaluar la ejecución del presente
Acuerdo, así como resolver las dudas o conflictos que puedan surgir en su desarrollo.
Esta comisión se reunirá con carácter semestral, o cuando una de las partes lo solicite, y podrá
prever la creación de grupos de trabajo paritarios por ámbitos sectoriales concretos.
Esta comisión elaborará, con carácter semestral, un informe de cumplimiento del presente
Acuerdo, que las partes darán a conocer