Jueces denuncian la corrupción judicial en España. Cuando lo hacen, el sistema judicial va contra ellos.

Al nombrar la palabra corrupción enseguida aparece en nuestra mente la imagen de los políticos, con sus mentiras, falsas promesas, nepotismo, prevaricaciones, cohechos, cabildeos y demás vicios que se sirven casi a diario en titulares. Hablamos de corrupción de amplio espectro, en todos los campos, que tiene como origen la gran corrupción moral. Es un mal endémico, una suerte de castigo al que la sociedad parece estar condenada irremisiblemente. Incluso lo hemos aceptado e integrado  mansamente, sin ofrecer ningún tipo de resistencia.

Tendríamos que empezar a preguntarnos, en serio, si los políticos son necesarios o deberíamos prescindir de ellos y  elegir opciones alternativas de autogobernarnos, al margen de ambiciones desmedidas y deseos enfermizos de poder, más que de servir y ejercer de estadistas. Los “sabios” de turno echarán mano de análisis históricos y sociológicos para argumentar y concluir que la democracia es la mejor forma de gobierno. Pero habrá que seguir buscando alternativas para acabar con la casta política parasitaria a la que, por desgracia, nos hemos acostumbrado.

Hablar de corrupción política es hacerlo de las instituciones. ¡Y estas son nidos de corrupción! Es lamentable que los órganos institucionales del Estado estén rebozados de esta peste maloliente, pero lo realmente grave y atentatorio contra las Constituciones y cualquier derecho de la ciudadanía es la corrupción política que planea sobre ellos cual aves rapaces hambrientas de bocado. Es grave aseverar esto, lo sé, pero lo realmente preocupante es su constatación en el día a día. Los ciudadanos lo saben y lo sufren; no es ningún secreto, pero hay que gritarlo y denunciarlo para mantenerlo vivo, porque el deterioro es progresivo y con escasas esperanzas de cambio.

La corrupción afecta a todas las instituciones, y basta ya de hacer la vista gorda. Si hablamos de la enseñanza, la sombra de la educación prusiana permea el fondo, la forma y los fines: los currículos y la dinámica educativa, desde infantil hasta la universidad no está diseñada para el crecimiento, la evolución y la formación de ciudadanos libres e iguales; simplemente se adoctrina para servir al sistema, que dicta sus normas y marca los carriles, en los que la creatividad es ahogada antes de aflorar.

La simbiosis entre cultura –en sus diferentes expresiones— y corrupción es prácticamente indivisible. Véase, si no, las tendencias hollywoodienses, el adoctrinamiento de las plataformas a través del divertimento, el relativismo, el ataque a los valores, la visibilidad de los nuevos modelos antropológicos, la exaltación del universo queer, la cristofobia, la prostitución del arte en general y mil puntos más.

Y si hablamos de sanidad, tres cuartos de lo mismo. La salud se ha ido convirtiendo en una cuestión política, ideológica y económica, en la que importa más la cuenta de resultados de las farmacéuticas y sus beneficiados en niveles descendentes o los propios centros hospitalarios, siguiendo los protocolos de la OMS, que la salud auténtica y holística de los ciudadanos. Así como suena, y no vamos a poner ejemplos que ya hemos denunciado en otros escritos.

Podríamos seguir con el resto de instituciones, corporaciones, fundaciones, órganos consultivos y todo tipo de chiringuitos ad hoc, donde la corrupción se sirve al por mayor. Pero lo realmente sangrante es cuando la afectada es la justicia, porque eso nos arrebata la última esperanza. ¿A quién recurrimos si la justicia es corrupta y obedece a los políticos de turno? Desgraciadamente, hablamos de una especie de metástasis  global, que tiene a la humanidad herida de muerte y que afecta a todas las naciones, aunque a unas más que a otras.

La corrupción de las altas instancias políticas e institucionales de los gobiernos de Estados Unidos, México, Argentina, y Venezuela, por ejemplo, es de escándalo, conocida desde hace décadas; con conexiones con el narcotráfico y otras actividades del mundo del  hampa. Pero el reino de España, en esta carrera de la sinrazón y el despotismo, está a punto de equipararse a los países que nos llevaban ventaja centenaria. Las sentencias importantes de los últimos tiempos han sido resoluciones  políticas pactadas, trufadas de chantajes, ascensos y concesiones.

Si jugamos a buscar culpables, ¿a quién dirigimos nuestro dedo acusador, a los políticos corruptores, a los jueces y fiscales proclives a corromperse, o a ambos? La culpa de los primeros será siempre mayor, y las consecuencias de los segundos, mucho menos justificadas y de mayor alcance y trascendencia. ¿Dictaría un juez una sentencia injusta si no hubiera un político presionando, chantajeando o prometiendo un mejor futuro?

A los políticos se les llena la boca cuando hablan de la división de poderes, pero cuando alcanzan la poltrona del Palacio del Gobierno, siempre se las arreglan para que el Ejecutivo ejecute, legisle y juzgue. ¡Tres en uno! ¿Recuerdan al ufano presidente Sánchez cuando le espetó al periodista de RNE aquello de “la Fiscalía de quién depende? Pues ya está”. Tan claro, que el periodista asintió. Así es, y ni se preocupan de ocultarlo. Desgraciadamente, algunos gobiernos no solo doblegan a los jueces y retuercen la ley en beneficio propio, sino que se saltan todas las líneas rojas, convirtiéndose en un auténtico peligro para la nación. ¡Como el de Pedro Sánchez!

Es necesario un Consejo General del Poder Judicial independiente y honesto. Rueda estos días una noticia divulgada por el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, que ejerció durante 18 años como juez por oposición, y magistrado de carrera. En un momento de su vida laboral se vio obligado a denunciar la corrupción judicial que estaba presenciando, de la cual tenía pruebas irrefutables, lo cual fue el inicio de una dinámica de represalias que se prolongaron durante más de diez años. Fue víctima de un procedimiento ilegal, a pesar de lo cual cumplió con todas las resoluciones judiciales. Curiosa y fatalmente lo “enredaron” con un tema de género, argucia muy recurrida para tapar trapos sucios. Ahora, el represaliado acaba de crear el espacio “Canal magistrado anticorrupción TV” para denunciar la corrupción y va a poner nombres en la palestra: “… determinados magistrados, letrados y letradas de la Administración de Justicia, miembros del Ministerio Fiscal, y algunos abogados que han actuado en connivencia para que se pudieran producir estos hechos”. En el vídeo preparatorio empieza fuerte y ya da algunos nombres. Estaremos muy pendientes tanto del canal como del magistrado, máxime sabiendo cómo se las gastan en las  alturas. (Recomendamos el visionado del vídeo de presentación del magistrado que encontrarán al final del artículo).

En días pasados seguimos con estupor los pasos dados por el Fiscal general del Estado de Colombia, Francisco Barbosa, quien, con su familia, se ha visto obligado a abandonar el país, temiendo por sus vidas, por no someterse a los intereses del presidente Gustavo Petro. También estamos acostumbrados a lo que ocurre en Argentina con jueces y fiscales que no se someten a las conveniencias y corrupciones del poder. ¡Los liquidan! España no es Colombia ni Argentina, pero está incorporando lo peor de la corrupción de estas naciones de ultramar. Esperamos que el magistrado Sáenz de Tejada pueda lavar su nombre y conseguir que se haga justicia; por su bien y por el de todos.