Razones para decir no al Tratado Internacional de Pandemias

Marta Domenech vuelve a poner el dedo en la llaga de la actualidad.

esde hace décadas estamos inmersos en una crisis sistémica; una muestra de ese declive es la degradación política e institucional que vivimos. Es por esto que cada vez vemos con mayor nitidez que la clase política consigue llegar y mantenerse solo cuando no pone problemas a los que mandan. Desgraciadamente en nuestra sociedad no hay contrapoderes democráticos, los partidos que alcanzan el poder, a pesar de sus aparentes diferencias, permanecen alineados a los mismos objetivos y agendas del poder; por eso durante la pandemia hemos vivido un alud de sometimiento, una escalada de pérdida de derechos y libertades, nunca vista desde que estamos en democracia.

Un ejemplo de este avasallamiento y consecuente maltrato a la población ha sido el decreto de confinamiento y de no libre circulación, una decisión que no respondía a criterios epidemiológicos puesto que no había habido precedentes de confinamientos masivos de personas sanas. Aunque muchas personas todavía se crean el relato oficial, es verdad también que en la medida que han ido desarrollándose los hechos y aflorando nuevas contradicciones más personas nos hemos dado cuenta de que las medidas sanitarias que se aplicaron durante la covid han acabado produciendo el efecto contrario, haciendo realidad el dicho popular que ha sido peor el remedio que la enfermedad.

Los datos muestran que, por ejemplo, el confinamiento ha tenido un efecto devastador. A primeros de este año, El Nacional.cat publicó que en 2021 un total de 4.003 personas se suicidaron en España. Explica que ha habido una subida general en todas las franjas y subraya como especialmente preocupante el incremento del número de jóvenes que se han quitado la vida, destacando los adolescentes entre 10 y 14 años: una horquilla de edad en el que el suicidio se disparó un 134%. Por lo que se refiere a los jóvenes entre los 15 y los 29 años, el suicidio es la principal causa absoluta de muerte.

El confinamiento ha sido demoledor para la infancia. Los niños y las niñas tuvieron menos derechos que los perros viéndose obligados a permanecer en casa encerrados días seguidos, los más pobres en pisos sin balcón ni terraza ni jardín, mientras veían cómo las mascotas salían a pasear varias veces al día. Por no entrar en el obligado lavado sistemático con geles hidroalcohólicos, productos muchos de los cuales contienen elementos potencialmente cancerígenos y que degradan la microbiota dérmica de las manos delicadas como las de los niños y mayores. O por no entrar en los efectos por el uso continuado de la mascarilla que todo el mundo sabía que para los más pequeños supondría, como mínimo, un impedimento para la correcta adquisición del lenguaje y la socialización.

Los propios psicólogos ya han visto que el confinamiento con escuelas cerradas y las sucesivas restricciones han dejado huella en la salud de los menores. Los datos del Departamento de Salud publicados en enero son abrumadores: el 10,6% de los niños de 4 a 14 años tienen probabilidad de sufrir un trastorno de salud mental (el 7,5% en 2019); la cifra se eleva al 13,5% cuando hablamos de niños de grupos sociales más desfavorecidos. Por lo general, han aumentado los problemas de sueño, la demanda de centros de atención precoz, sobre todo por conductas ansiosas. El impacto del confinamiento ha sido severo a partir de estas edades, con un aumento de la adicción a las pantallas, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria.

En cuanto a la otra medida de «salud», la implantación del passcovid ha supuesto una auténtica restricción y suspensión de derechos democráticos. Pero no solo ha sido una ilegalidad al igual que el confinamiento por ser inconstitucional y por incumplir el art. 1 de la Carta Europea de Derechos Fundamentos, sino que los propios técnicos del Consejo Territorial de Salud del Estado, organismo creado por el gobierno español para coordinar y asesorar en materia de salud, lo desaconsejaban. Así lo argumenta la asociación Liberum y lo justifica poniendo a disposición del público el informe oficial. Por tanto, si los técnicos de salud no lo recomendaban llegamos a la conclusión de que se implantó como medida de control social. Una decisión política que sirvió para poner el miedo en el cuerpo y para dejar muy claro que el mundo ya no volvería a ser un lugar seguro, que a partir de ahora vendrían más pandemias y que para estar «tranquilos y seguros» habría que ir acostumbrándose a vivir bajo la imposición de una sociedad digital y de controles sanitarios, ambientales, etc.

El clima de alarma social continuada creada por los medios de comunicación con contadores de muertes y afectados con cifras sacadas de contexto, amenazando e insultando a las personas que no querían o no podían vacunarse, dio barra libre a que algunos mostraran sin ningún pudor el dictador que llevan dentro, como por ejemplo en Galicia, donde Feijóo, sin apoyo del Partido Popular, llegó a querer imponer multas de 1.000 a 3.000 euros y en casos graves de 60.000 euros. Según podemos leer en Redacción Médica esta medida claramente discriminatoria solo encontró el apoyo de JuntsxCat, la única formación de la Cámara Baja del Congreso de Diputados que se mostraba partidaria de la vacunación obligatoria.

El miedo al contagio repetido hasta la exageración por los medios y autoridades sanitarias creó un ambiente de pánico en profesionales y usuarios. Durante la pandemia en España fallecieron más de 35.000 residentes. Amnistía Internacional denuncia los horrores que padecieron; los residentes no fueron derivados a hospitales cuando lo necesitaban, sufriendo graves violaciones de derechos humanos. Pese a la gravedad de lo que ocurrió, el 89% de las investigaciones penales de la Fiscalía han sido archivadas, se han cerrado las comisiones de investigación creadas en algunas CCAA y a fecha de hoy no hay declarada ninguna persona responsable.

En Cataluña, según noticia de El Periódico del 16/02/22 fallecieron más de 9.000 residentes. Ante esta tragedia, ERC, JuntsxCat y PSC aprobaron crear un grupo de trabajo, pero eso sí, a puerta cerrada. Que sepamos no se han atendido las reivindicaciones más básicas de las asociaciones de familiares, quienes necesitan saber qué pasó; si hubo negligencias, maltrato y abandono y, en definitiva, saber quién tomó las decisiones y quién es responsable. Quedará para la historia del Estado español y de las CCAA, para vergüenza de nuestra sociedad, la inhumanidad de estos hechos, silenciados por los medios de comunicación a favor de un consenso político de fondo que asfixia la verdad impidiendo los derechos de los familiares a la justicia, la reparación y la paz espiritual.

La noticia reciente de «resucitar» otra vez la mascarilla debería servir para darnos cuenta de que si no nos posicionamos, impidiendo que nos manipulen, estaremos en una permanente rueda de hámster. Te invito a entrar en Cochrane, un espacio dedicado a recoger la evidencia científica más actual. En su web dice: «No hay seguridad sobre si el uso de mascarillas médicas o quirúrgicas (N95/P2 o FFP2) ayuda a frenar los virus respiratorios según los estudios evaluados». En el mismo sentido el Dr. Joseph Ladapo, jefe del Departamento de Salud y cirujano general del estado de Florida ha informado en rueda de prensa que, tras realizar dos ensayos clínicos aleatorios, se ha demostrado que no existe evidencia científica de calidad que justifique su uso.

El empleo continuado de mascarilla, además de las patologías físicas que conlleva (problemas oftalmológicos, dermatológicos, respiratorios, etc.), es una potente herramienta de control social. Los políticos que actualmente «dicen» estar interesados por el medio ambiente, deberían informarse sobre huella ecológica de las medidas que recomiendan. National Geographic a principios de 2021 informó de que se estaban usando 65.000 millones de guantes y 129.000 millones de mascarillas cada mes, lo que equivale a 3 millones de mascarillas por minuto. Las mascarillas no son biodegradables, mayormente están fabricadas de polipropileno, un material que permanece en el medio ambiente durante décadas. Como los gobiernos no han gestionado su eliminación, hoy se encuentran en todos los lugares del planeta, incluso en los océanos.

Por si no tuviéramos suficiente con la mascarilla, en Cataluña, el conseller Balcells nos acaba de «invitar» de nuevo a la vacunación. Podríamos responder al conseller de Sanidad que ya tenemos suficiente con los efectos adversos de la última vacuna que nos recomendaron: El diario Público informa que el Ministerio de Sanidad reconoce que, hasta diciembre de 2022, se habían reportado 84.650 notificaciones de efectos adversos, 14.003 considerados graves y 500 desenlaces mortales en España. En el mismo artículo el Dr. Esteban García Porrero, Premio Nacional Medicina Siglo XXI y responsable de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital de León, nos hace ver que estas cifras son claramente a la baja; según este médico: «Es inédito que después de una pandemia en la que se ha vacunado a casi la totalidad de la población, no se hayan empezado a estudiar todavía los efectos secundarios. No se están recogiendo datos. A la gente que ingresa con un cáncer no se le pregunta cuántas dosis se puso».

Aunque lo dicho ya es bastante grave de por sí, las cifras podrían ser todavía más altas. Nines Maestro, licenciada en Medicina y Cirugía, ex diputada de Izquierda Unida, ha denunciado los datos de sobremortalidad que aparecen en el Observatorio de Monitorización de la Mortalidad del Instituto de Salud Carlos III. Miles de muertos que se han producido sin que se sepa la causa; para visibilizar esta situación a la que el gobierno español no da explicación se ha creado: www.rompeelsilencio.es.

Ya a finales de 2022 Diario16 se había hecho eco de este hecho. En una entrevista Rafael Cascón Porres, ingeniero de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del grupo específico que asesoraba a la Comunidad de Madrid, explicaba que se iban acumulando los días con datos de exceso de número de muertes y que sorprendentemente estas muertes no esperadas eran el doble de las que habían muerto por covid.

¿Cómo se puede guardar silencio frente a los datos de sobremortalidad? ¿Es posible que haya médicos a los que no se les ocurra relacionar determinadas enfermedades o muertes con la vacuna, cuando saben que el producto ha sido experimental y que la gente se vacunó en un ambiente de pánico colectivo bajo la presión de los medios de comunicación y la coacción del Estado y las CCAA? ¿Por qué el sistema de alerta amarilla de Cataluña, que permite recoger los datos de efectos adversos de medicamentos, estuvo inoperativo durante meses? Por otro lado, si es normal que se retiren productos de alimentación cuando existen incidencias de intoxicación, ¿cómo se ha permitido llegar a estas cifras sin haber retirado a los primeros indicios el producto del mercado? ¿Cómo se explica que el Estado, que predicó que eran tan «necesarias, seguras y eficaces» ahora no lleve ante los tribunales a los responsables de los laboratorios? ¿Cómo las autoridades siguen instaladas en la estrategia de vacunación contra la covid cuando se ha visto que ni protegen, ni son seguras ni eficaces? ¿Cuánta más gente debe sufrir las consecuencias de esta manipulación?

Un sufrimiento que desgraciadamente la gente debe vivir en silencio por la incomprensión del sistema sanitario y de la sociedad en general. Así lo explica la periodista y licenciada en Derecho Bea Talegón en «Te podría pasar a ti». Este artículo habla de APAVaC19, una asociación de personas que se vacunaron porque confiaron en que las vacunas eran «seguras y eficaces» y que ahora estan viviendo un auténtico calvario ya que la vacunación ha cambiado su vida drásticamente. Si quieres escuchar el testimonio de algunos afectados, te recomiendo, también de Bea Talegón, la entrevista «APAVaC19: afectados por las vacunas». Como inmediatamente verás, algunos de los casos son realmente impresionantes y, pese a la gravedad, han tenido que sufrir la incredulidad por parte de sus médicos, ya que estos no han querido relacionar los problemas que tienen con los efectos de las inoculaciones y, de hecho, a muchos les han derivado a psiquiatría. Después de más dos años con sus vidas destrozadas piden ayuda para que lo que les ocurre sea reconocido, para recibir el tratamiento adecuado y para que los médicos notifiquen sus casos y de esta forma puedan sean investigados. ¿Pero en manos de quién estamos?

Tal y como muchos lo vemos, estamos en manos, entre otros, de la Comisión Europea (CE), organismo en claro declive institucional, ético y moral. Actualmente está presidida por Ursula von der Leyen, representante del PP europeo y propuesta por Macron, quien pasará a la historia como la presidenta del Pfizergate. El 14/10/22 Diario 16 recogió el informe del Tribunal de Cuentas Europeo que afirmaba que von der Leyen, al frente de las negociaciones, había comprado 80.000 millones de dosis por 171 mil millones de euros y preguntaba que si la población de ciudadanos europeos en 2021 era de 447 millones (tocaría a 178,9 dosis por persona) ¿para quiénes eran tantas dosis? El informe también recogía que en ese momento Francia ya había tenido que echar 3,6 millones de dosis a la basura y que había otros 1.100 millones más que también deberían tirarse, y concluía si esto no era una muestra de abuso de poder y de malversación de fondos públicos.

Von der Leyen, que es quien en teoría debe defender los intereses de los países miembros al frente de la negociación con la BigPharma, negoció el contrato más millonario de la historia sin cumplir con los estándares administrativos de la comisión, vulnerando las normas en el proceso de adquisición de las vacunas de Pfizer, por no hacer pública la documentación de la negociación. Una compra de vacunas basadas en unas tecnologías que no tienen trayectoria de investigación científica; sabiendo esto, von der Leyen promovió su adquisición con el argumento de que eran la «única solución» y facilitó que el contrato tuviera cláusulas secretas y que se eximiera a las farmacéuticos de la responsabilidad de futuras reclamaciones civiles por los efectos adversos.

Mientras incansablemente se nos repetía que la vacuna era «la única solución» y los medios manejaban los contadores de muertes de manera interesada y chapucera, en el mercado para luchar contra el SARS-CoV-2 ya existían otras soluciones. Una de ellas es la ivermectina; según explica la Dra. Karina Acevedo, investigadores de la Universidad Monash (Australia) ya en abril de 2020 demostraron que una sola dosis detenía la replicación de estos virus.

Pero no seamos inocentes. ¿Cómo puede compararse el negocio de los 171 mil millones de euros, más los interesantes beneficios provenientes de otras empresas que surgieron gracias a las medidas aplicadas (PCR, test de antígenos, mascarillas, guantes, respiradores, pantallas protectoras, hidrogeles…) que beneficiaron a tantos amigos, familiares de políticos y demás, con un medicamento, por ejemplo, como la ivermectina? De haberse aplicado desde el principio, hubiéramos podido salvar muchas vidas y no se hubiese tenido que exponer a la población a experimentos tan innecesarios como peligrosos, pero eso no lo podían permitir en modo alguno, por la sencilla razón de que este fármaco ya ha perdido la patente y, por tanto, no se le puede sacar rendimiento económico. ¿Y para qué quieren las pandemias sino para sacar beneficios? Por este motivo, casi de inmediato las agencias de «verificación de información» como Maldito Bulo, Newtral, etc., que tanto gustan a los políticos y a la gente que va por la vida creyendo «estar bien informada», empezaron a intoxicar las redes sobre los peligros e inconveniencias de la ivermectina logrando disuadir y poner en contra de su uso a médicos y usuarios. El mismo procedimiento de censura se aplica por sistema al dióxido de cloro, a la ozonoterapia y a cualquier otro producto o terapia que pueda competir con los tratamientos oficiales. Aprovechando este artículo ya que no hay muchas oportunidades, te anexo a pie del mismo algunos de los estudios científicos que apoyan su idoneidad para la covid.

Volviendo a la Comisión Europea y a Ursula von der Leyen, semanas más tarde del escándalo que hemos comentado líneas atrás le estalló otro: el de la controvertida financiación de su esposo. El portal Lecourrier-du-soir.com en octubre de 2022 había revelado que el laboratorio Orgenesis, en el que su marido es uno de los directores ejecutivos, había sido seleccionado casualmente para un proyecto de 320.000 euros financiados por la UE. El citado proyecto estaba destinado al centro de terapia génica de la Universidad de Padua  casualmente encargado de desarrollar tecnología ARN mensajero.

Meses más tarde, el 25/02/23, el propio New York Times es quien ha llevado a los tribunales a Von der Leyen también por la falta de transparencia en los mensajes privados que intercambió con el CEO de Pfizer, Albert Bourla. En el artículo de Diario 16 que lo explica encontramos una nueva información que deberíamos leer dos veces:«Eso mismo le pasó a Ursula cuando era ministra de Defensa de Alemania, y se abrió una investigación por sus mensajes privados con directivos de compañías armamentísticas con las que el gobierno alemán firmó contratos millonarios».

En este deterioro monumental del sistema político e institucional actual, también se encuentra la OMS, la encargada de cuidar de la salud mundial. Si todavía conservas la inocencia te recomiendo el documental de Documentos de La 2 de RTVE: «OMS, ¿En quién confiar?». Un magnífico trabajo, hoy políticamente incorrecto, que explica cómo desde su fundación se ha ido privatizando hasta comprometer totalmente su independencia. Hoy la OMS recibe por dos vías donaciones privadas de la Fundación Bill & Melinda Gates. En cuanto a las farmacéuticas, ya solo en 2016 recibieron 90 millones de dólares de los principales fabricantes de vacunas. Lo más sorprendente es que los que más reverencian sus consejos (ministros, consejeros…) son los que más saben de primera mano que la OMS, al igual que las Agencias del Medicamento, llevan muchos años arrastrando escándalos por soborno, corrupción y puertas giratorias. Es el caso del exdirector del Programa de Medicamentos de la OMS, Germán Velásquez, que en una entrevista en la Cadena Ser en 2016 reveló que tuvo que pedir protección por recibir diversas agresiones y amenazas de muerte, simplemente por querer liberar los medicamentos esenciales de las respectivas patentes.

Como pequeño apunte no podemos pasar por alto que Tedros Adhanom Ghebreyesus, actualmente director de la OMS y casualmente propuesto por Bill Gates, encontró una fuerte oposición por parte del gobierno etíope antes de aceptar el cargo. Según afirma David Steinman, economista nominado al premio Nobel de la Paz en 2019, en la denuncia que presentó ante la Corte Penal Internacional de La Haya, afirmó que cuando Tedros fue ministro de Salud (2005-2012) y uno de los líderes de las fuerzas de seguridad etíopes (2013-2015): «Fue uno de los que tomaron decisiones cruciales en relación con las acciones de los servicios de seguridad que incluyeron matar, detener arbitrariamente y torturar a etíopes”.

Otra denuncia que revuelve el estómago y de la que tampoco sabemos si se han dirimido responsabilidades es la publicada por France 24 el 29/09/21, que informaba que durante los años 2018 y 2020 al menos 21 empleados de la OMS habían sido sospechosos de haber cometido 80 casos de abuso sexual en la República Democrática del Congo, en momentos en los que el país estaba combatiendo una emergencia por brotes de ébola.

Parafraseando el documental de La 2 de RTVE: ¿En quién podemos confiar? ¿En una agencia que desde hace décadas está rodeada de escándalos más propios de la mafia que de una agencia que trabaja para la salud, como el caso de Velásquez o los de sus propios trabajadores? ¿Podemos confiar en su director que, además de tener un pasado oscuro, ha pasado en el cargo una legislatura de cinco años, sin corregir o siquiera denunciar las situaciones descritas?

Sin embargo, después de lo sufrido por la sociedad en general y la distopía de salud vivida, de nuevo con la excusa de la «salud», de estar «mejor preparados y coordinados» ante futuras pandemias (virus, calentamiento global…), la CE ha propuesto a la OMS para liderar la puesta en marcha de la reforma del marco jurídico internacional en la que se basa la arquitectura mundial de emergencias sanitarias, que se concretará con el Tratado Internacional de Pandemias. De aprobarse este tratado tal y como tienen previsto en mayo de 2024, se otorgarían poderes únicos de emergencia a la OMS y se concentrarían en la figura de su actual director. Esta agencia pasaría de hacer recomendaciones a ordenar medidas de obligado cumplimiento por los 194 países miembros y por tanto sus decisiones tendrían una repercusión mundial.

La agencia podría imponer el uso de mascarillas, pruebas PCR, la administración de vacunas i/o determinados medicamentos, confinarse o marcar limitaciones en los desplazamientos bajo el control de certificados digitales, etc. (Casualmente se acaba de anunciar que Bill Gates promueve un nuevo sistema global de identificación digital que podría sustituir al DNI). En caso de aprobarse, la OMS ostentaría suficiente poder para imponer el control y la censura de la información cada vez que creyera amenazados los objetivos de bioseguridad de su agenda.

La modificación del marco jurídico se basa en el principio «One Health», concepto que de entrada parece muy positivo porque conecta la salud de las personas, los animales y el planeta, pero que no es más que la retórica engañosa a la que nos tienen acostumbrados. Lo cierto es que una vez aprobado el tratado sus decisiones podrían afectar al equilibrio de los ecosistemas y alterar los medios de subsistencia, las vidas, la salud y los derechos humanos de personas de todo el mundo. Una auténtica dictadura tecnológica de bioseguridad de la cual la experiencia que hemos vivido durante la pandemia de restricción de derechos y libertades y manipulación ha sido solo el primer capítulo.

A pesar de la trascendencia mundial de lo que se pretende aprobar, se está orquestando con opacidad a través de la CE y la OMS, dos organismos que casualmente están fuera del control democrático ya que sus cargos no pueden ser escogidos democráticamente sino que son puestos a dedo. Llama la atención que tratándose de un tema tan fundamental la Europa de los «derechos» no tiene prevista ninguna consulta ciudadana al respecto.

Una de las pocas objeciones presentadas a este tratado es que su firma comportará una pérdida de soberanía nacional. Para evitar este reproche, el gobierno de Sánchez decidió a través de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) destinar unos 28,7 millones de euros a la construcción de un laboratorio específico de máxima seguridad para la investigación de virus contagiosos entre humanos y animales. Casualmente ha ganado el concurso el grupo Actividades de Construcción y Servicios (ACS) de Florentino Pérez. (14) Florentino, el mismo de la operación Castor, que iba a hacer el depósito de gas natural más grande de España pero que ha terminado siendo una ruina para las arcas públicas; sin embargo, recibió la generosa indemnización de 1.700 millones de euros que pagaremos en la factura del gas hasta 2044. Florentino a día de hoy tiene abierta una denuncia por delito contra el medio ambiente con riesgo para las personas del norte de Castellón y el sur de Tarragona.

Dada la calidad humana y moral que podríamos calificar como mínimo de inquietante de las personas que hoy están a la cabeza de estas instituciones y proyectos, es inevitable que nos preguntemos si este laboratorio será de los de ganancia de función. Natalia Prego Cancelo, médica especialista en medicina familiar y comunitaria nos explica en la entrevista que te anexo debajo que con muchas probabilidades el virus de la covid-19 ha sido creado en un laboratorio como los de Wuhan, como muchos de los que hay en Ucrania y en otros países. Nos explica que con la excusa de proteger a la población y a la naturaleza, pagados por los propios gobiernos, se han creado estas instalaciones para aumentar la función de determinados microorganismos que es la de infectar. Estos laboratorios aumentan la virulencia y agresividad de los microorganismos, por eso la covid-19 ha tenido consecuencias muy graves en personas con su sistema inmunitario o terreno ya afectado por problemas subyacentes. Añade que en estas instalaciones se crean verdaderas armas biológicas.

Ante estas afirmaciones gravísimas, es lógico que nos preguntemos cómo hemos podido llegar aquí. ¿Cómo consentimos que se malgaste el dinero público en laboratorios que pueden aumentar los peligros en el mundo, cuando lo que deberíamos hacer es exigir que desmantelaran los actualmente existentes? ¿Cómo ante tanto destrozo pueden continuar los políticos como si nada hubiera pasado y dormir tranquilos? Cada vez somos más las personas que pensamos que hay que reivindicar más recursos y más personal para el sistema sanitario, a la vez que hay que denunciar la corrupción hoy instalada en el corazón del propio sistema, evidenciada por el alto número de médicos, miembros de comités, directivos de hospitales, incluso pediatras, que ensucian la profesión médica y científica, al percibir complementos económicos de los propios fabricantes de vacunas y de los medicamentos que recomiendan a los pacientes.

Ya son demasiadas veces que desde la CE se negocia en secreto, con un intolerable déficit de transparencia y que se producen casos de malversación sin que exista ninguna responsabilidad. En cuanto a la OMS, deberíamos superar la idea de aquella institución que se creó con nobles intenciones y darnos cuenta de que del pasado no queda nada, ya que actualmente está financiada por fuertes intereses privados de la BigPharma, que justamente es la principal interesada en que haya enfermedades y proliferen las pandemias en el mundo. Estas instituciones hace tiempo que no trabajan por el bien común, están al servicio de los objetivos de las grandes corporaciones y de millonarios como Bill Gates que juegan a dominar el mundo. En este contexto, mediante un acuerdo con la CE y la comisaría de salud Kyriakides (casualmente propuesta por Ursula van der Leyen) los datos del passcovid de la UE se adaptarán para  el nuevo certificado covid de la OMS, acuerdo que vulnera totalmente la protección de nuestros datos con el objetivo de condicionar nuestras libertades bajo un totalitarismo tecnocrático.

Por todo esto y otras muchas cosas, no vemos nada más contrario a la salud y a la libertad de los pueblos de la Tierra que el Tratado Internacional de Pandemias. Estamos ante un reto importantísimo; de no hacer nada, la firma de este tratado supondrá la instauración de una tecnocracia que al servicio de una falsa bioseguridad eliminará totalmente la libertad de expresión y acabará con las democracias del mundo. Es tiempo de decir no a este tratado, de denunciar la opacidad y totalitarismo de la CE y de la OMS, es tiempo de importunar a los políticos… de hacer pedagogía, de aceptar ir de la mano de organizaciones diversas para defender nuestros derechos y libertades ante los abusos de poder, vengan de quien vengan. También es tiempo de tomar la responsabilidad de nuestra salud, de conocer otras formas de curarnos, de aprender a cuidarnos de forma más preventiva, natural, solidaria y no agresiva, en beneficio propio, de nuestro entorno social y del planeta.

REFERENCIAS CONSULTADAS

1. Suicidios de menores y jóvenes:

https://www.elnacional.cat/ca/salut/preocupants-dades-suicidis-menors_976116_102.html

2. Trastornos mentales de la pequeña infancia:

https://www.social.cat/noticia/16475/els-psicolegs-observen-mes-irritabilitat-ansietat-i-canvis-del-son-en-la-petita-infancia-a

3. Informe redactado por la ponencia de alertas sanitarias del Consejo Interterritorial de Salud, escondido deliberadamente por todas las CCAA ante los respectivos TSJ: