Drogas, leyes y Producto Interior Bruto

El debate mundial sobre la Prohibición de las drogas ha cambiado más en los últimos diez años que durante medio siglo XX. El último aldabonazo ha llegado esta misma semana. Gustavo Petro, flamante presidente de Colombia (un narcoestado, según múltiples foros), ha resaltado en su primer discurso oficial que “la paz es posible si se cambia la política contra las drogas”. Sus palabras parecen abrir un nuevo horizonte jurídico y económico para un proceso que se extiende a gran velocidad por todo el mundo.
El nuevo mandatario colombiano concedió protagonismo el pasado 7 de agosto a las drogas durante un mensaje solemne, por ser el primero que ofrece como presidente del país y por el giro decidido hacia planteamientos que permitan salir a Colombia del infernal bucle violento que padece. Más allá de la comentadísima espada de Bolívar, en tiempos donde los gestos tapan lo trascendente, Petro recalcó que “es hora de una nueva Convención Internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado, que, ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, durante estos cuarenta años, y que deja 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año. Que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados. Que la guerra contra las drogas ha llevado a los Estados a cometer crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia. ¿Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200.000 los muertos por sobredosis en Estados Unidos cada año? O más bien, cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz. Que la igualdad sea posible”.
Y Colombia no es un país cualquiera al hablar de narcotráfico. El concepto “narcoestado” resulta más periodístico que político, pero ante todo se trata de un término que apunta hacia la economía y el Producto Interior Bruto (PIB), donde además se refleja la profunda contaminación del sistema judicial por redes ocultas que manejan el negocio. Por eso, el presidente colombiano vinculó esa declaración de intenciones con su programa y principios: “El 10 por ciento de la población colombiana tiene el 70 por ciento de la riqueza. Es un despropósito y una amoralidad. No naturalicemos la desigualdad y la pobreza. No miremos para otro lado, no seamos cómplices”, apuntó Petro, consciente de que dirige un país donde los altos, medianos y bajos funcionarios son socios de los narcotrficantes desde que el Mar Muerto solo estaba pachucho. No es un caso único: otros narcoestados, o en el umbral de serlo, han proliferado por América (México, Bolivia, Guatemala, Honduras…) o Asia (Afganistán o Filipinas), entre otros muchos, todos fruto de una prohibición planetaria ruinosa para la moral, la salud,  el Derecho y la economía.
Los partidarios de la legalización de los estupefacientes avanzan sin desmayo y ganan velocidad. Las tornas cambian y el proceso actual recuerda lo sucedido hace 101 años, cuando se derogó la Ley Seca en Estados Unidos. La persecución de los narcóticos cogió carrerilla en 1914, cuando Texas, enfrascada en luchas contra México, forzó medidas contra la marihuana. Muchos historiadores apuntan a la industria farmacéutica como la mano que meció la cuna antidroga para impulsar la venta de aspirinas y cerrar la puerta a remedios más baratos. La empresa Dupont, fabricante de nylon, se sumó a ese empeño de laminar a los competidores: el cáñamo hacía sombra a la producción de fibra. También Hearst Corporation orientó sus medios periodísticos hacia la criminalización de los consumidores de cannabis, porque quería dominar la fabricación de papel. William Randolph Hearst también participó en la Prohibición del alcohol, hasta que las evidencias y los mayoritarios gustos etílicos de los lectores le aconsejaron repudiar la norma antialcohólica que apoyó cuando le convenía. El clima previo había animado a varios periódicos (New York Tribune, Chicago Herald o Boston Record) a vetar los anuncios de licor en plena ola prohibicionista.
Pero el mayor éxito de la Prohibición llegó en 1961, cuando en la Convención Única de Estupefacientes se unificaron los acuerdos de distintos países sobre drogas y se ilegalizó el cannabis. Quedó una única rendija tras el veto planetario: el posible uso médico para mitigar el dolor o curar enfermedades.
Justo diez años más tarde, en junio de 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, lanzó su Guerra Contra las Drogas. El nuevo enemigo eran esas sustancias que supuestamente habían llevado a muchos jóvenes al pacifismo tras la ristra de fracasos en los ataques a Vietnam. Ese invento permitió al “tramposo” Nixon (apodado Triky Dicky) ganar la reelección en 1972, pero la alegría duró poco al verse obligado a dimitir por el Watergate. Igual que una bomba de relojería, en la actualidad el 22% de los reclusos en Estados Unidos estén encerrados por tenencia y consumo de estupefacientes.
Los gobiernos frenaron en seco las investigaciones científicas durante los años sesenta, pero las virtudes medicinales de la marihuana se abrieron paso lentamente. El resquicio terapéutico de la Convención Única de Estupefacientes permitió difundir los beneficios del cannabis para un abanico de dolencias cotidianas: Alzheimer, ansiedad, depresión, artrosis, artritis, asma, autismo, diabetes, esclerosis múltiple, epilepsia, fibromialgia, glaucoma… La Academia Nacional de Ciencias de EEUU se pronunció a favor de la eficacia del cannabis contra el dolor tras analizar 10.000 estudios. Por ello, la ONU y la OEA, entre otras organizaciones internacionales, han solicitado reiteradamente en distintos grados la despenalización de la hierba milenaria. Las recomendaciones cobraron cuerpo y ahora el reconocimiento de las virtudes del cáñamo se ha globalizado. Basta ver las miles de tiendas que, en Segovia como en Nueva York o Madrid, venden CBD (sin el componente psicoactivo THC) en forma de aceites, cremas y toda suerte de productos cosméticos. Son negocios que enriquecen la salud… y el PIB, si bien la legislación española va muy por detrás de los avispados pioneros estadounidenses. El apoyo y donaciones a la causa antiprohibicionista de magnates como Soros, Charles Koch, Jeff Bezos, Elon Musk o Bill Gates deja muy clara la tendencia dominante.
Pero el probable punto sin retorno llegó en noviembre de 2016, cuando cuatro estados aprobaron el uso lúdico del cannabis: California, Massachusetts, Nevada y Maine. En EEUU, hoy se puede comprar cannabis medicinal en 37 estados (en 18 también para uso recreativo de adultos). La despenalización, valga la expresión, va a toda pastilla; en 2021, los estados de Connecticut, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Virginia dieron luz verde al cannabis. Cada vez que se consulta a la población, las votaciones se decantan abrumadoramente por una legislación que contribuya al PIB y al bienestar de los ciudadanos. Los partidarios de sostenella y no enmendalla han perdido 13 de las 15 últimas consultas populares sobre la cuestión.
La ciudad de Nueva York, faro para las costumbres emergentes en el orbe desde hace cien años, ha dado saltos de canguro hacia el porvenir. En 2021, en plena pandemia, se legalizó el uso recreativo de la marihuana. Se espera que este próximo diciembre se concedan las primeras licencias municipales para los comercios, pero llevan meses ofreciendo su mercancía en muchas calles de la Gran Manzana. Se cuentan por cientos los locales y puestos ambulantes (como los de los perritos calientes) dispersos por Manhattan que ofrecen productos cannábicos. Las autoridades han optado por no multar a ninguno, en espera de esas licencias y ante la futilidad de las sanciones. Curiosamente cada vez se fuma menos y se consumen más gominolas o chuches con los principios activos del cannabis. El Ayuntamiento prevé ingresar 350 millones de dólares por esta actividad. Es más, el alcalde Eric Adams ha anunciado inversiones de cinco millones de dólares para promocionar esta industria cannábica que acaba de emerger desde la ilegalidad y cree que ayudará a la recuperación económica de la ciudad.
En Uruguay, Argentina, Nueva Zelanda o Australia, entre otros países, se han dado pasos de gigante. Canadá legalizó en octubre de 2018 el consumo recreativo de la hierba. Israel fue pionero en el uso medicinal del grifa, mientras México legalizó el cultivo para fines terapéuticos a finales de 2016. Las facturaciones mundiales por este comercio antes perseguido no paran de crecer, como se constata en las más solventes publicaciones económicas.
En este lado del océano está arraigado el uso de cannabis para fines médicos en Holanda, Suiza o Finlandia; el vecino Portugal legalizó las drogas en el 2000 (sin catástrofe alguna conocida) y no se detiene a nadie que lleve una cantidad de narcóticos inferior a diez días para consumo personal; Francia plantó cara hace décadas a la Prohibición y se alza como el mayor productor de Europa, si bien parte se destina a fabricar papel y alimentar caballos; en Alemania, desde 1998 se receta a enfermos con esclerosis múltiple o pacientes con dolores intensos.
¿Y en España? Desde un punto de vista económico, fue relevante la incorporación al cálculo del Producto Interior Bruto el peso de las drogas y la prostitución a partir de 2013. En concreto, el PIB se elevó en 26.193 millones de euros hace nueve años con el nuevo cálculo del Instituto Nacional de Estadística (INE). Tras el despertar en la medición del dinero de los narcóticos, la oculta bola de nieve (nunca mejor dicho) no ha parado de crecer. La revista Forbes señaló recientemente que “el Instituto Nacional de Estadística ha definido una horquilla de entre el 1,5% y el 3% del PIB, es decir, de entre 15.000 y 30.000 millones, pero ésta no solo refleja el impacto de las actividades ilegales sino también el de otros ajustes metodológicos”. Estas cifras de la economía ilegal en España superan holgadamente a las de Austria (0,1% del PIB), Portugal (0,4%) o Reino Unido (0,6%). El dinero de las drogas no genera actualmente ingresos fiscales por la Prohibición, salvo calderilla; por ejemplo, se calcula que las 100.000 multas administrativas impuestas cada año a los sufridos consumidores de cannabis suponen ingresos pírricos de 200 millones de euros. Los Gobiernos europeos pretenden introducir ese dinero subterráneo en el PIB de cada país, pero no avanzan suficientemente las regulaciones de sectores como el tráfico de estupefacientes o prostitución. Por comparar magnitudes, el Plan Nacional sobre Drogas destina este 2022 un presupuesto de 15 millones de euros. Sin comentarios.
La medición de esa parte sumergida no es un invento patrio. Eurostat, la oficina estadística europea, se esfuerza desde hace varios años en evaluar el volumen de la economía ilegal, donde el narcotráfico y la prostitución gozan de un hábitat que les permite gozar de una semiimpunidad exenta de impuestos. De vez en cuando, como en la película Casablanca, se detiene a algunos sospechosos habituales, se envía la información a los telediarios, los que entran por una puerta y luego salen por otra, así hasta la próxima redada de prostitutas o camellos de tres al cuarto.
Resulta probable que estas cifras se queden muy cortas para reflejar fielmente la magnitud del problema. Habría que añadir los onerosos costes para las Administraciones públicas en sanidad, justicia, prisiones, programas de rehabilitación, persecución policial por tierra, mar y aire, malgasto en campañas publicitarias e informativas, etc. Ahora que los vientos económicos obligan a escrutar cada línea del presupuesto, el Gobierno no ve la necesidad imperiosa de calibrar cuánto se desperdicia anualmente en nuestro país para conseguir tras tantos esfuerzos que las drogas estén en las calles. La “eficacia” de ese dineral dedicado a perder la guerra narcótica se palpa en las ciudades y pueblos, donde proliferan más tipos de drogas que modelos del Seat Ibiza merced a las tecnologías (Popper, Yaba, catinonas sintéticas, Budder, triptaminas, Krokodil…) y gustos juveniles. ¿No deberían destinarse esos recursos a algo útil y/o necesario? ¿No son imprescindibles auditorías serias para calcular el inútil dispendio que causa la Prohibición? ¿Para cuándo una reconversión en la industria represiva, como ocurrió hace décadas en la cornisa cantábrica o en los Altos Hornos de Sagunto? ¿Ayudaría a aliviar el colapso de la Justicia avanzar en nuevas leyes?
El factor legislativo impide reconocer plenamente el fiasco en la represión de las drogas y avanzar hacia otras formas de arrostrar el problema, como proclama el presidente colombiano. El Código Penal regula en sus artículos 368 a 371 el consumo y cultivo de marihuana. El autocultivo se ha despenalizado en nuestro país, pero no es legal. No existe regulación solvente para la hierba medicinal. Año tras año aumenta la brecha que separa la legislación de la realidad social. Las drogas se acercan a la verdad económica mediante su incipiente incorporación al PIB, pero el ordenamiento jurídico deambula por Atapuerca y vive en las antípodas de los usos y costumbres de muchos ciudadanos.
Al mismo tiempo los partidarios de la legalización brotan por doquier. Cientos de asociaciones, formadas por abogados, catedráticos, científicos y gentes de buen vivir, presionan en favor de un uso responsable del cannabis. Partidos ideológicamente tan distantes como Ciudadanos o Podemos coincidieron en febrero de 2017 en una proposición no de ley para legalizar la marihuana con fines terapéuticos. Ambas formaciones políticas han arrinconado progresivamente de sus discursos esa línea política de futuro que les impulsó en su momento, un silencio que coincide curiosamente con su declive en las urnas. Por su parte, mientras el Gobierno intenta aumentar el PIB con los citados cálculos y se afianza en la inercia, el líder de la oposición solo parece preocupado por las imágenes que aparecen en redes sociales mientras un “emprendedor” extiende cremas solares por su espalda, instantáneas que inundan los nuevos medios de distracción masiva cuando se acercan períodos electorales.
Sin embargo, aparecen en el panorama informativo y social otros muchos signos que apuntan hacia el final de la Prohibición, un tabú menguante y probablemente en vías de extinción. Por ejemplo, aunque el impacto de la pandemia ha eclipsado informaciones notables durante el periodo más virulento de la crisis sanitaria, han aparecido obras tan relevantes como El Último Trago, escrito por Daniel Okrent (Ático de los Libros, 2021). Este volumen resulta especialmente útil para revisar un fenómeno que aún causa perplejidad entre los historiadores. Narra durante más de 600 páginas cómo el 16 de enero de 1920 se activó la 18ª Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, en la que se ordenaba que justo un año después se prohibirá “la fabricación, venta o transporte de licores embriagadores dentro de Estados Unidos”. Este libro explica detalladamente el proceso que llevó a ese país a eliminar la quinta mayor industria de Estados Unidos, decisión de enorme trascendencia económica, social y cultural. Basta recordar que la afición en ese país por la bebida se remota a los puritanos.
Los Gobiernos estadounidenses, según explica el libro, utilizaron los impuestos durante siglos como arma contra el alcohol, teorizando con el concepto “prohibición indirecta” mediante una fiscalidad dolorosa. Fue una estrategia guadianesca, porque aparecía y luego se diluía en función de las necesidades económicas del país. En tiempos de George Washinton, la guerra resultaba determinante: no era posible mantener al ejército sin los impuestos sobre el alcohol. En 1802, el impuesto desaparece. Vuelve con la guerra de 1812 (de la mano del presidente James Madison, quien por cierto se trasegaba medio litro de whisky al día), se suspende en 1817 y regresa el impuesto por iniciativa de Abraham Lincoln en 1862 para financiar la guerra de Secesión. Luego el impuesto sobre el alcohol se mantuvo en un 20% de todos los ingresos federales, subiendo en ocasiones hasta alcanzar el 40%. Por ejemplo, en la Guerra de Cuba contra España (1898) se duplicó el gravamen. Más adelante, los partidarios del alcohol achacaron a la Primera Guerra Mundial la ratificación de la 18ª Enmienda. Las necesidades financieras del conflicto bélico habían llevado a Woodrow Wilson a aumentar los impuestos sobre el licor. En ese momento, la compra de alcohol se transformó en un acto de patriotismo. Pero solo Momentáneamente…
Los prohibicionistas tardaron ochenta años en imponer la enmienda y solo once en ver el fracaso de su idílico sueño. Se transformó en pesadilla casi desde el minuto uno y el balance solo puede valorarse como desastroso. Así se cuenta en El Último Trago, que valora como un trágico experimento político esos años en que se entrecruzaron la persecución de los inmigrantes, la implantación del voto femenino o el auge mafioso. Entre las conclusiones del monumental volumen, se concluye que “la Prohibición demostró al país que no se puede legislar sobre cuestiones de moral personal”, subrayando el paralelismo de la cruzada contras las drogas y el fracaso de la Ley Seca.
Pero hay más. La reciente docuserie Cómo Cambiar tu Mente (Netflix), con cuatro capítulos (LSD, Psilocibina, MDMA y Mescalina), describe la historia y perspectivas terapéuticas de las sustancias psicodélicas. La narración audiovisual se apoya en un libro de Michael Pollan y explica los grandes avances en el estudio de unas drogas que podrían encerrar la solución a buena parte de los trastornos psicológicos que azotan a la humanidad. La exploración científica sobre los beneficios de las microdosis (algo que recuerda al Soma de Aldous Huxley) también coincide con noticias sobre una eventual legalización del MDMA (éxtasis) en Estados Unidos. Sobre este documental, Fidel Moreno, director de la revista Cáñamo, se pregunta: “¿No es acaso el renacimiento psicodélico, con todas sus virtudes, parte inevitable de esta cultura de la autoayuda y la salvación individual? Así que para el disfrute de esta serie mainstream es conveniente dejar de lado nostalgias contraculturales y rendirse ante su impecable factura, reconociendo que transmite a la perfección de qué hablamos cuando hablamos del renacimiento psicodélico”.
El triángulo drogas, leyes y PIB no es equilátero y muta a gran velocidad, pero lo necesario, lo inteligente y lo práctico es poner fin a una etapa oscura que ha durado demasiado. Se constata una aceleración histórica bastante silenciada (los Gobiernos no suelen proclamar sus fracasos) y se acumulan grandes avances para mitigar las catastróficas consecuencias de la veda, incluidas las económicas. La desidia legislativa se configura como uno de los vértices de ese polígono que está condenada a desaparecer. ¿Cuándo? Dependerá del nivel de hipocresía que la ciudadanía alcance a soportar.
Miguel López

 

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Un Comentario

  • Muchas gracias por abrir vuetro espacio a un debate tan necesario como postergado. Nos jugamos mucho en esta oportunidad que no ha de perderse.

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