Genocidio en Perú a raíz de las vacunas covidiana

Por Ángel Núñez
Psicólogo, coordinador y portavoz de Psicólogos por la Verdad

Es de público conocimiento la denuncia presentada contra el presidente Pedro Castillo, de cara a casos de corrupción, que han corrido por la prensa peruana y que cuestionan la labor del nuevo líder. Sin embargo, a pesar de la aparente transparencia a la hora de lanzar las justas críticas a los políticos, hay muchas sombras sobre las cuestiones más oscuras. Desde que el 16 de marzo de 2020 se lanzasen las operaciones de urgencia por la covid, en forma de confinamientos, controles policiales (incluso por el ejército), uso de mascarillas, junto con la imposición de una dictadura de tipo psicopolicial, se llegó a las campañas de vacunación, siempre defendidas por el MINSA (Ministerio de Salud peruano), los sucesivos presidentes y sus gabinetes, así como miembros del Parlamento.

Toda documentación, toda compra oficial, los datos sobre efectos secundarios y otras estadísticas han quedado fuera del conocimiento de la población. El hecho de ser secretos para el gran público implica una traición a la patria por cuanto alertan del peligro de las llamadas vacunas, ocultan los casos de corrupción asociados a su adquisición, muchas de las cuales acaban en las playas porque expiran y hacen depender las decisiones políticas de directrices externas provenientes de la OMS, la OEA o la ONU, sin mencionar las influencias del Foro de Davos, FMI o el mismo BPI sobre las finanzas públicas peruanas. 

Es más que sospechoso que, siguiendo las órdenes de la agenda 2030, la política gire en torno a sus objetivos, todos a largo plazo y causantes de campañas de Overton para que la población se vaya acostumbrando a la nueva modalidad de dictadura sin que se percate del cambio institucional y regulativo.

Existen documentos que demuestran la gran contradicción y el sometimiento del Estado, en este caso el peruano, sometido a una legislación globalista que es contraria a los derechos humanos. El 25 de octubre de 2021 se presentó denuncia contra Hernando Ismael Ceballos Flores por parte del colectivo Si Vamos, por homicidio al no activar ni la ivermectina, la azitromicina, la hidroxicloroquina y el dióxido de cloro como armas contra la supuesta covid-19, la cual fue derivada a la Fiscalía de la nación. Igual sucedió con la presentada contra Pilar Elena Mazzeti Soler por retirar estos medicamentos de manera oficial el 12 de octubre de 2020. El mero hecho de que solo se permitan los tratamientos más que dudosos y se prohíban los exitosos solo tiene una explicación: se quiere matar a la gente. El 12 de agosto de 2022 la denuncia es por genocidio ante la aplicación de una vacuna que está en fase 3, o de experimentación en humanos, sin que se haya probado en animales. La excusa que cabe al respecto es que se trata de un arma patentada hace años. Esta denuncia se derivó como las anteriores a la Fiscalía superior el 18 de octubre de este año.

La ficha técnica de eventos trombóticos tras la vacunación en abril de 2021, por parte del Instituto Nacional de Salud, reconoce estos efectos. Tanto en la vacuna Astrazéneca (con adenovirus de chimpancé) como en la de Johnson & Johnson alertan de los casos notificados por el New England Journal, el Journal of Clinic Medicine, el Internal and Emergency Medicine y Eudravigilance sobre episodios de este tipo, tanto en Europa como en EE.UU., a los cuales no parece darse mucha importancia por el reducido número de casos, concluyendo que no existe relación entre estos efectos y las vacunas covid-19.

Sin embargo los datos son tercos, a pesar de que se desean ocultos. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud durante 2022, del total de fallecidos en enero (3489), el 70.59% fueron personas vacunadas; en febrero, de 3778 el 70.75%;  en marzo, de 1429 el 78.17%; en abril, de 536 el 81.36%,; en mayo, de 393 el 85.75%; en junio, de 333 el 85.29%; en julio, de 845 el 86.51%;  en agosto, de 1364 el 86.95% ; y en septiembre, hasta el día 25, de 665 el 90.98%.

Jimmy Camones Obregón, miembro del grupo Si Vamos, estuvo a cargo de informar a las autoridades sobre todo lo referido a la proteína spike, la relación entre la covid y la vacuna de la gripe, los daños provocados por las mascarillas, la alerta Digemid 062-2021, en la que se alertaba de los casos de pericarditis por el ARN mensajero, la hepatitis, la falsedad de la viruela del mono –cuya vacuna tiene una fuerte relación con la miocarditis—, y del peligro que supone la vacunación infantil que, actualmente está institucionalizada en centros educativos. 

Los daños que provocan las vacunas  son los siguientes: neurológicos, de corazón, mielitis transversa, trastorno de Guillain Barré, trastorno de Miller Fischer, encefalopatías, neuromielitis óptica, esclerosis múltiple, trombosis cerebral, hemorragias intracerebrales, afasias, trastornos neuro oncológicos, meningitis, delirios, problemas pulmonares, problemas gastrointestinales, hepatitis, problemas renales, lupus, tiroides, cáncer, etcétera, de acuerdo con más de 1200 estudios independientes.

Señora Fiscal General del Estado peruano, Patricia Benavides Vargas: estos datos demuestran que lo que se está cometiendo en Perú es un genocidio. Estas denuncias están a la espera de estar procesadas y estudiadas de manera adecuada de cara al respeto de los derechos humanos. El cargo que usted ostenta pone sobre sus hombros la responsabilidad de vigilar e investigar estos hechos enmarcados en el respeto al derecho a la vida. Habría que retrotraerse a la época de Adolf Hitler para realizar políticas de este tipo, con millones de víctimas en pocos años para ver las consecuencias de acciones genocidas, permitidas por el Estado, el cual, mediante engaños, mentiras y manipulaciones, aprovechándose de los medios de comunicación, se induce a la población a aceptar una política sanitaria que en realidad no responde ni a las mínimas medidas de protección de la población.

Llama mucho la atención el valor para denunciar por corrupción al presidente, pero no la acción enérgica para investigar no solo la corrupción económica asociada a la compra de millones de armas biológicas, sino al modo en que se ha inducido a la población a envenenarse para poder ejercer sus derechos, son pena de ser excluidos como  muertos civiles, de acuerdo con las declaraciones del primer ministro actual.

Le recordamos que esta nota de prensa, publicada en España, se hace para el público conocimiento internacional y que las acciones judiciales seguirán contra el Estado peruano, sus sucesivos presidentes y gobiernos para poner luz sobre las satánicas sombras que ocultan las oscuras intenciones de estas políticas genocidas, dentro de la Agenda 2030.