La abogada Cristina Armas denuncia por genocidio a diversas personalidades, entre ellas Pedro Sánchez

Mientras el conocido abogado Reiner Fuelmich y una prole de letrados de diversos países amenazan con interponer una demanda contra todos los que supuestamente han manejado los hilos de esta plandemia, en las islas Canarias, la abogada Cristina Armas, apoyada por 20 asociaciones civiles, como Policías por la Libertad o la OMV, Organización Mundial para la Vida, que dirige el archiconocido juez Angelo Giorgiani, ha interpuesto ante el Tribunal Internacional de la Haya una denuncia contra Pedro Sánchez, Bill y Melinda Gates…, contra todos los presumibles cabecillas de la operación sanitaria que se ha orquestado en torno a un presumible virus, también, llamado SARSCOV 2, según señalan numerosas fuentes.

En medio de un confuso panorama, Cristina Armas ha elaborado un largo dossier basado, asegura, en el contenido que le aportan los propios organismos demandados, y que vendría a demostrar, sin ninguna duda, la manipulación y el engaño de los que manejan los hilos del actual escenario internacional sanitario. La abogada Armas no tiene pelos en la lengua y ante la Corte Penal Internacional, dispara contra todos acusándolos de genocidio.

DENUNCIA FISCAL CORTE PENAL INTERNACIONAL SIN DATOS PARA PUBLICAR.docx

ACUSE DE RECIBO DENUNCIA

ENTREVISTA EN VÍDEO

CLAVES DE LA ENTREVISTA

+La denuncia no solo va contra el estado español. La primera denuncia que dirigimos a la Haya sí era contra el Estado español, pero también contra otros organismos internacionales que son igualmente cómplices de la situación que vivimos. Están denunciadas la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Económico Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Agencia Europea del Medicamento, el Instituto de Salud Global de Barcelona y alguno más. La primera denuncia se dirigió a esos organismos y después tuvimos que ampliarla ya que el Tribunal de la Haya solo resuelve denuncias que afectan a las personas físicas. La denuncia va ahora contra Bil y Melinda Gates, contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez…

En virtud del estatuto de Roma, que es como el código penal por el que se regula la Corte Penal Internacional, la competencia para conocer delitos de genocidio y lesa humanidad es exclusiva del Tribunal Internacional de la Haya, por eso acudimos a él y no a otro organismo.

Compañeros que han leído la denuncia entienden que están más que justificados los delitos que denunciamos. Decimos que desde marzo de 2020 se están cometiendo delitos de genocidio y lesa humanidad no solo en España sino a nivel internacional.

Entendemos que lo que venimos sufriendo no es nada espontáneo, no estamos ante una crisis sanitaria generada a raíz de una enfermedad, de un supuesto paciente, o que alguien consume una sopa de murciélago en un mercado de Wuham y ahí se declara la pandemia mundial. Entendemos que lo que ha habido es un plan perfectamente organizado por determinados estados y organismos supranacionales y con varios objetivos, el más importante el de acelerar la implantación de la famosa Agenda 2030, siendo uno de los principales promotores de dicha agenda el Foro Económico Mundial.

Nosotros no lo vemos como una crisis sanitaria sino que entendemos que se está utilizando una crisis sanitaria con una motivación política. Con la excusa de la crisis sanitaria lo que se intenta es que la ciudadanía y la población asuma la pérdida de derechos y libertades fundamentales con absoluta normalidad. De lo que se trata es de instaurar una especie de dictadura.

Hay países como Australia donde el ejército está en la calle controlando que la población no pueda saltarse el confinamiento. Hay confinamiento hasta septiembre, y el gobierno ha dicho que a pesar de que lleguen al cien por cien de la vacunación van a seguir confinados. Es evidente que no es un problema sanitario, sino político, y que tiene una finalidad clara, que es instaurar un estado totalitario.

Las vacunas juegan un papel desde el punto de vista del control y de enfrentamiento. Por un lado buscan someter a la población a través de la vacunación, y lo estamos viendo. Se ha intentado condicionar, por ejemplo, la libre circulación en Europa cuando, con la legislación en la mano y los derechos fundamentales, sería imposible limitarnos la libre circulación en Europa, y lo han intentado a través del certificado COVID. Pretenden que solamente puedan viajar o pretenden dificultar que las personas que no se quieren inocular un medicamento de terapia génica – porque eso es otra cosa que hay que dejar claro, que no es una vacuna, que no funciona como tal ni tiene el virus SARCOV 2 en el contenido, así lo reconoce la ficha técnica de estos medicamentos -; puedan desplazarse con libertad por el territorio europeo.

La mayor parte de la información se ha recogido de los propios organismos oficiales. Eso le da más credibilidad a la denuncia que hemos presentado en La Corte.

Esta denuncia la he firmado yo, pero está respaldada por 20 colectivos, entre ellos el Colectivo Internacional, cuyo presidente es el magistrado Angelo Giorgiani, quien también ha presentado 3 denuncias por lo mismo, por genocidio, también en la Corte Penal Internacional.

No sabemos las posibilidades reales que esto pueda tener porque la Corte Penal Internacional es un órgano que pertenece a la ONU y por lo tanto es un tribunal politizado y con muchos intereses en conflicto, pero sí es verdad que está sirviendo para que la información llegue a muchas personas, para que muchas personas entiendan qué es lo que está pasando en realidad y empiece a despertar mucha gente. Que la gente tome conciencia de cómo funciona el mundo, de qué es lo que está pasando, de hacia dónde nos pretenden llevar y que la gente despierte y empiece a luchar por sus derechos y libertades, que es lo que ahora mismo está en juego.

La única vía que tenemos es la judicial. Estoy notando que los jueces, y lo digo por las últimas resoluciones que hemos tenido en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es que los jueces también están despertando. En marzo de 2020 esto nos sorprendió a todos en el sentido de que llegamos a pensar que realmente había una pandemia, empezando por los jueces, empezando por el Tribunal Constitucional y el Supremo, y 15 meses después los jueces se están dando cuenta de que esto no tiene nada que ver con la salud. Están mostrando mucha sensibilidad con el respeto a los derechos y libertades fundamentales. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dejado sin efecto el certificado COVID, por ejemplo. Todos estamos despertando.

Es muy complicado contrastar la información debido a la censura que hay, brutal, en las redes, en las plataformas. La última entrevista que me hicieron duró 24 horas en Youtube porque fue automáticamente eliminada. Cuesta luchar contra esa censura, pero nos quedan algunas vías para poder informarnos y entender qué es lo que está pasando.

Yo creo que mucha gente está despertando porque el relato oficial, el que han intentado imponer en marzo de 2020 a través de todos los medios de comunicación, porque es cierto que el mensaje es el mismo, es decir, los medios están siendo cómplices de todo esto, porque el discurso es el mismo. Al relato oficial le es cada vez más difícil sostenerse. Por ejemplo, estas últimas semanas, vemos cómo, desde los medios, y representantes políticos como Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno de Canarias, el discurso hacia los no vacunados se está radicalizando, hasta el punto de que es constitutivo de un delito de discriminación, un delito de incitación al odio contra los no vacunados. Ese discurso hay que intentar cortarlo de raíz, porque lo que buscan es el enfrentamiento entre vacunados y no vacunados.