Manuel Álvarez de Mon, un caso único: es abogado y fue juez, fiscal y funcionario de prisiones

Manuel Álvarez de Mon es de origen gallego, es un hombre tranquilo y educado y conoce la Justicia como la palma de su mano. Es también mediático. Se le ve de cuando en cuando por las teles, opinando, o hablando de asuntos públicos de sus clientes. Entre los más famosos están los de la secta Ceis, los “violadores del portal”, el caso Nécora y, años después, Laureano Oubiña. También la extradición de Reginaldo Blanco, caso que le ganó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Ahora ejerce de abogado, pero ha sido fiscal, juez y funcionario de prisiones, un título que consiguió presentándose a unas oposiciones cuando tenía 50 años. A los 60 años se presentó – y ganó también – a otras de promoción interna. Tiene oficio y un curriculum difícil de ver, lo que le convierte en una autoridad en materia de Justicia y le hace protagonista de MM.

MM- Don Manuel Álvarez de Mon Soto ¿por qué tanto cambio de profesión jugando en el mismo área: la Justicia?

MAM.- Sencillo. Me decidí a hacer oposiciones de inicio porque no tenía dinero para poner un despacho,y, además, buscaba seguridad. Mi idea era pedir la excedencia una vez superadas las oposiciones – entonces se podía -, pero luego, por razones personales, se fue demorando…

MM.- ¿Y su auténtica vocación?

MAM.- La abogacía. Mi idea en mis comienzos laborales era también hacer las oposiciones a juez y fiscal para tener un curriculum y ejercer de abogado.

MM.- ¿Por dónde empezó entonces: judicatura, fiscalía…?

MAM.- Mi primer trabajo fue el de fiscal sustituto en La Coruña. Esa fue la primera vez que me puse una toga. Pero mi primer destino fue Baleares, donde ejercí como juez poco tiempo, y después Barcelona, donde estuve varios años de fiscal. Luego volvería a ser juez porque me presionaban para que accediera a ser magistrado… Hasta que, con el tiempo, recibí una buena oferta para ejercer de abogado y decidí apostar por ello. Y aquí sigo.

MM.- ¿Cómo agilizar la Justicia? Según nuestros datos, se tardan 400 días en resolver procesos civiles en tercera instancia… ¿Es mucho o es poco si los comparamos con otros países de la UE?

MAM.- La demora en resolver los asuntos es bastante general. Lo que pasa es que en España la ratio de jueces por habitante es inferior a otros países. Aquí en 2016 estábamos en 12 por 100.000 habitantes, mientras que en la UE estaban en 21.

MM.- ¿Es un problema de personal?

MAM.- Entre otros, porque hay juzgados en los que se trabaja una barbaridad, con una dedicación enorme, otros en los que se cumple y otros que tienen un retraso enorme porque sus señorías son más lentos.

MM.- Debe ser así porque tardar 1000 días para sentenciar casos administrativos parece mucho tiempo. ¿Qué cree?

MAM.- Para mí sí. Yo tenía a gala, en los pocos años que ejercí de juez, en lo que eran mis casos, no en los heredados, yo los resolvía dentro de plazo. Y no solo yo, claro. Recuerdo el caso de una jueza que peleó con casos muy duros y que los resolvía muy bien. Era, no me importa decirlo, la actual ministra de Defensa, Margarita Robles.

MM.- ¿Qué está mal en la Justicia?

MAM.- Puedo decir que malo es el sistema de nombramientos – tremendamente politizado – de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Es un verdadero escándalo. Esta situación no se da en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos a los magistrados del Tribunal Supremo los nombra el presidente, pero ha de ratificarlos el Senado. Y en diversos países de la UE no hay vinculación política ninguna.

En España el problema reside también en los nombramientos que efectúa el Consejo, que nombra a su vez a los altos cargos de la Justicia. Son cargos a los que no se llega por mérito, sino por designación. Muchos grandes profesionales no pueden acceder a estos altos cargos porque no están metidos en el juego político.

MM.- Póngale nombres a los malos…

MAM.- Malos de la Justicia son aquellos jueces que han sido sancionados por retrasos o graves irregularidades, son determinados abogados que se han visto implicados en causas penales por determinados delitos, como temas relacionados con el tráfico de estupefacientes, son notarios sancionados por participar en casos de blanqueo de dinero… De los nombres no hace falta hablar, todos ellos son conocidos.

MM.- ¿A qué dedica su amplio presupuesto el CGPJ?

MAM.- El presupuesto del Consejo General del Poder Judicial es escandaloso para sus funciones. Me parece que el del año 2019 fue de 56 millones de euros. El CGPJ los dedica a la retribución de sus miembros, para actos y eventos… De aquí salen cosas tan absurdas como los viajes a Cartagena de Indias del año 2011, a los que se invitaba a determinados magistrados..

MM.- ¿Hay poca o hay mucha corrupción en la Justicia?

MAM.- Hay una gran negligencia y algunos casos de corrupción, aunque la corrupción no siempre es ilegal. La legal es el despilfarro del dinero, por ejemplo.

MM.- Desde que Juan Carlos I sustituye en el poder al dictador Francisco Franco, ha habido 21 ministros de Justicia y las cosas ¿siguen igual? ¿van a peor? ¿permanecen inalterables?

MAM.- Diría que van igual de mal. Hay un mal que viene de atrás, viene de siempre, incluso de la época de los Reyes Católicos, y es que siempre, siempre, el poder político ha tratado de influir en los jueces. En la época de Franco había que jurar los Principios Fundamentales del Movimiento para acceder a determinados órganos judiciales, y en Democracia los partidos políticos siempre han querido controlar a los jueces. El Consejo de Europa ha situado a España en el cuarto puesto por la cola en cuanto a independencia judicial entre los 27 países miembros.

MM.- ¿Qué le parece que Dolores Delgado García dejara de ser ministra de Justicia para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado?

MAM.- Hay quien se escandaliza con su nombramiento como Fiscal General del Estado, pero es una tónica general. Por ejemplo, tenemos el caso de Carlos Lesmes, que fue nombrado presidente del CGPJ habiendo sido director general con Aznar. Tuvimos al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que también había sido militante de un partido político. Pero es que si vemos la lista de fiscales generales del Estado desde los tiempos de UCD, el PP y el PSOE han nombrado a numerosos políticos de sus filas. .. El trasvase de la política a los jueces y de estos a la política ha sido constante. ¿Qué tendía que acabarse con ella? Sí, pero ahí está. Hoy hay tres jueces en el Consejo de Ministros: Marlaska, Robles y Campo.

MM.- Pero el caso de Dolores Delgado choca más, pues se quita una chaqueta para ponerse la contraria sin mediar tiempo ni cargo alguno…

MAM.- Sinceramente, creo que es lo mismo que ha pasado en los otros casos, como con el actual presidente del Supremo… A mí no me escandaliza porque ya la propia Constitución, en su nombramiento, lo politiza. Aunque sea cierto, también, que a través del estatuto orgánico se podría establecer otro criterio en el nombramiento… Pero el Gobierno, de todas formas, no le puede dar órdenes directas a la Fiscalía, le puede instar. Pero para eso están los teléfonos… que todos sabemos que así funciona… Claro, que también sirven de garantía los abogados de la acusación.

El problema está en el día que pretendan que instruyan los fiscales, no porque se pueda dudar de la honestidad de los fiscales ordinarios, sino porque el Gobierno puede influir en el Fiscal General del Estado y este a su vez en sus subordinados, porque hay un principio de jerarquía…

En teoría los jueces son independientes. Ha habido casos notorios de jueces nombrados por los políticos que después se les han rebelado. Por ejemplo, fue muy claro en el tema Filesa, con Marino Barbero, nombrado por el PSOE y que después fue el primero que instruyó contra determinados políticos del PSOE.

Me pareció bien la gestión de la anterior Fiscal General del Estado, María José Segarra, pues creo que fue bastante independiente en el tema de Cataluña. Dejó un gran margen de actuación a los 4 fiscales que intervinieron en el juicio del Procés.

MM.- Entonces, ¿mejorarían o no las cosas si los jueces del Supremo y de los distintos organismos los eligieran los propios jueces y no los políticos?

MAM.- Por lo menos la imagen sería distinta. En todo lo que sean nombramientos entran en juego filias y fobias, las amistades… y no los méritos profesionales, pero al menos la imagen no estaría tan distorsionada como ahora, que está clamorosamente politizada y por causa de los dos grandes partidos con ayuda de los nacionalistas. Aunque haya casos sorprendentes, como el de Grande Marlaska, que es ministro del actual gobierno, pero fue llevado al Consejo General del Poder Judicial por el PP.

MM.- ¿Cuál cree que es la más sonora metida de pata de la Política con la Justicia?

MAM.- Pues recuerdo a algún político que se le ocurrió decir que su partido, el PP, controlaba el tribunal Supremo. Aquello fue un gravísimo error. O cuando Sánchez dijo que el ministerio fiscal estaba en manos del Gobierno…

MM.- ¿El mejor ministro de Justicia?

MAM.- Voy a dar un nombre porque fue ministro de Justicia en una época muy importante, en la Transición, e hizo reformas procesales y penales para adecuar la ley española a los nuevos tiempos. No es otro que Landelino Lavilla. Ha habido también otros, sin duda…

MM.- ¿Y su mejor y peor fiscal general?

MAM.- Los que he conocido cuando estaba dentro fueron con nosotros correctos y amables, y desde fuera he visto de todo. Hay uno, no voy a citar su nombre, al que le tengo simpatía personal, pero que como fiscal dijo disparates como que una de las misiones de los fiscales era proteger a los políticos. Y como comenté antes, me pareció muy independiente la gestión del anterior Fiscal General del Estado.

MM.- ¿Viven bien los abogados? ¿Qué problemas laborales arrastran? ¿Cómo les afecta la pandemia?

MAM.- En la abogacía hay una minoría de élite económica, existe otro grupo que puede vivir más o menos bien y hay un gran grupo de abogados con muchos problemas para llegar a final de mes. Ahora hay mucha gente que lo está pasando muy mal.

MM.- Hablando de pandemia… Está claro que la Constitución contempla un estado de alerta, pero ¿se ha vulnerado alguno de nuestros derechos? Creo que hay un puñado de abogados que han demandado al gobierno por este motivo. En algún caso, su demanda está en el Supremo. ¿Qué derechos dicen ellos que se han vulnerado? ¿Está de acuerdo con ellos?

MAM.- Sí, hay algunos abogados que dicen que se han vulnerado algunos de los derechos fundamentales, pero por otra parte, la situación es francamente complicada y, desde luego, en último término, el Estado de Alarma ha sido aprobado por las Cortes. No es solo cuestión del Gobierno, que no tiene mayoría suficiente.

Yo soy partidario de las medidas radicales que sean necesarias para extirpar el virus y tratar de solucionar la pandemia, así que yo no demandaría en absoluto al Gobierno ni a las Cortes Generales, ni entablaría recurso de amparo alguno. La situación es de emergencia para todos.

MM.- ¿Se ha producido algún tipo de atropello en la sentencia por sedición a los implicados en el Procés?

MAM.- Para mí el juicio ha sido muy legalista. Antes de que hubiera sentencia, en una entrevista que me hicieron en Tv3, dije que no veía delito de rebelión y el Supremo tampoco lo ha visto. Que haya delito de rebelión es muy difícil, está pensado para los tanques entrando en una ciudad. Además, con el delito de rebelión existe una redacción tremendamente confusa que lo hace difícil de interpretar. Por eso, la condena ha tenido que ser por sedición. Pero ha sido un juicio con todas las garantías. Porque más público no ha podido ser, fue retransmitido… Y creo que la sentencia por sedición está bien argumentada. Los condenados dirán que no, como es lógico y normal, pero desde el punto de vista jurídico es una sentencia acertada.

MM.- Se ha hablado mucho de un posible indulto del Gobierno. Hubo una resolución del día 20 de marzo pasado en el BOE que decía: “… se acuerda la reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del indulto”. Aquello levantó muchas ampollas porque parecía que… ¿Cree usted que es intención del Gobierno indultar a los condenados del Procés?

MAM.- Yo creo que este tema está abocado al indulto. Desde luego, no se pueden reformar las leyes a las bravas, que es lo que han intentado hacer los del Procés, y por eso les han condenado, pero tampoco se puede mantener permanentemente una situación de condena por unos delitos con móviles políticos si se quiere llegar a unos acuerdos. Porque si no hubiera acuerdos y amnistías las guerras jamás acabarían. Es un tema delicado. Aunque tampoco es para indultar al día siguiente. Como tampoco es para hacer disparates de beneficios penitenciarios. El tiempo que estén en prisión deben cumplir como los demás presos. Pero sí, este caso, antes o después, está abocado a un indulto.