Por Alfonso de la Vega
Ingeniero agrónomo, analista político y escritor
Según estudios internacionales solventes, Hispanoamérica “sufre con el debilitamiento del Estado de derecho, el aumento del crimen organizado y otras manifestaciones de violencia, generando una creciente sensación de inseguridad, aumento de corrupción y la frustración frente a la impunidad de los actos delictivos”. En efecto, “a pesar de que la población de América latina (sic.) es de un 9 % de la mundial, la región registra un 30 % de los homicidios mundiales”.
Atendiendo a las apreciaciones más optimistas, dos tercios de la población mundial, viven ahora en democracias en retroceso, o en regímenes híbridos o autoritarios. En Hispanoamérica habría cuatro regímenes declaradamente autoritarios: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haiti, y en el polo opuesto una democracia de cierta calidad, Uruguay. Entre ambos, un grupo de países calificados como democracias imperfectas o regímenes híbridos con una evidente tendencia a empeorar.
Y dentro de este empeoramiento, debido a la actual agitación revolucionaria en Hispanoamérica, estaríamos relegando las informaciones sobre los graves acontecimientos en Perú; cuestión que tiene importancia en sí misma pero también como síntoma de un proceso más amplio de cambio radical a peor en el que desgraciadamente estamos inmersos y no solo en Hispanoamérica.
Me parece que al expresidente Castillo le habrían perdido las excesivas prisas por imponer una dictadura comunista. A Castillo le hubiera ido mejor seguir la táctica habitual y hasta ahora triunfante en la UE y España, de ir cociendo el golpe de Estado globalista a fuego lento, para evitar que la víctima se vea obligada a reaccionar antes de que la cosa ya no tenga remedio. O quizá no entendiera quiénes son los verdaderos amos; quién manda en el proceso revolucionario y las razones últimas del mismo.
Sin embargo, la alegría inicial por el fracaso del autogolpe del expresidente comunista Castillo, sarcásticamente apodado “Sombrero Luminoso”, en lo que al principio parecía una escaramuza resuelta favorablemente, se ve empañada por la sangrienta represión con fuego real por parte de las fuerzas de seguridad peruanas, con ya varias decenas de víctimas mortales. Una represión violenta dirigida contra la población civil que se viene manifestando en desacuerdo con el contragolpe de la anterior vicepresidente del gobierno comunista peruano y hoy presidente Dina Boluarte. Incluso tres gobiernos regionales donde se han producido los principales disturbios han pedido su dimisión, la disolución del Congreso y la celebración de nuevas elecciones. Se trata de los gobiernos regionales de los departamentos de Puno, Apurímac y Cusco. Los tres gobiernos regionales se pronunciaron luego de la masacre ocurrida en Juliaca, Puno, donde al menos 19 personas fallecieron tras la represión en las inmediaciones de su aeropuerto. Seguramente no sea casualidad que precisamente en Puno una empresa canadiense haya valorado la existencia de un yacimiento de carbonato de litio de unos 2,5 millones de toneladas.
Sí, tanto en Perú como en Brasil se está produciendo una importante represión. En Perú, a tiro limpio; en Brasil, mediante detenciones y confinamientos masivos en los que se han dado en llamar los “lulag”, campos de concentración improvisados en los que se estaría castigando a los detenidos con la cruel pena de vacuna forzosa, una posible condena a muerte de cínico carácter disimulado.
Nos encontraríamos ante el hecho de que el peruano sea un escenario más grave, desde el punto de vista del número de fallecidos, que la reciente insubordinación pacífica de Brasil contra el pucherazo pro Lula. En ambos casos, las embajadas USA parece demostrado que habrían intervenido de forma decisiva en la preparación de los golpes y contragolpes para consolidar su dominio. Sin embargo, el tratamiento periodístico está siendo distinto, pues de los sucesos de Perú apenas nadie habla fuera del país andino.
Aunque no sea fácil de entender, de acuerdo a la historia de Hispanoamérica desde que tuvieron el error de separarse de España, y sobre todo a la del último siglo para caer bajo las garras del implacable imperio judío anglosajón, ahora EE.UU. está estableciendo regímenes globalistas explotadores liberticidas, pero de disfraz comunista o indigenista en vez de militar.
Este tipo de regímenes, so pretexto de ecologismo, indigenismo o justicia social, destrozan la clase media, la pequeña y mediana empresa que satisfacen las necesidades reales de los pueblos, la organización económico social, los ordenamientos jurídicos y la soberanía nacional remanente y llega a acuerdos inconfesables con el Gran Capital internacional, que es el que manda de modo más o menos disimulado. Deja la represión de las sociedades al aparato del Estado, revestido de “democrático comunista”, una contradicción en los términos, y por tanto con la complicidad, si no el aplauso de la progresía internacional, corrupta, miope, cobarde o inepta.
Pero en última instancia, la cuestión es el control por parte del Gran Capital financiero globalista de los recursos naturales y la eliminación de la gente que sobre para sus intereses en cada territorio sometido. Uno de estos codiciados recursos, además de los energéticos, como el petróleo o minerales ya clásicos como el cobre, es el litio que se ha convertido en importante elemento geoestratégico emergente a controlar y explotar, de extraordinario interés para la hegemonía mundial.
Su demanda va a aumentar de modo decisivo en el futuro, y el litio disputará la relevancia de esas exportaciones clásicas de Hispanoamérica. No obstante, no sería una sustitución total o absoluta, dado que sus usos son complementarios con el cobre y el reemplazo del petróleo solo sería parcial. Los países iberoamericanos que poseen más importantes yacimientos de litio son Bolivia, Argentina, Chile, Perú, México y Brasil. Según el Servicio geológico de EE.UU., los cinco primeros controlan más del 67 % de los recursos mundiales de litio. De lo sucedido en Puno, Perú, hemos hablado en párrafos anteriores. Pero de estos países, Chile es el que más ha avanzado en su extracción y exportación. Se posiciona como segundo productor global (22 %), por detrás de Australia (48,8 %) y seguido por China (17,1 %). Es muy posible que la actual deriva comunista chilena, impensable hace tan poco tiempo, se encuentre también muy relacionada con este recurso.
Lamentablemente, cuando el orden local no es suficientemente lúcido y fuerte para asegurar el bien común, la existencia de recursos geoestratégicos codiciados se convierte en una desgracia para los pueblos. Tal ocurre muy a menudo en África, donde poblaciones enteras incluso pueden ser exterminadas para evitar obstáculos a su explotación. Cabe recordar el famoso ejemplo del genocidio perpetrado por el rey Leopoldo II de Bélgica. Ahora, quizá pueda suceder en Hispanoamérica.
Y ya veremos qué pasa también con los costes sociales de la mina de litio que se quiere explotar por capital australiano en España, muy cerca de la preciosa ciudad monumental de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad.
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