Por Ángel Núñez, psicólogo, coordinador y portavoz de Psicólogos por la Verdad
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley Trans para su tramitación parlamentaria, por la cual cualquier menor, a partir de los doce años podrá solicitar de manera arbitraria el cambio de género, al que se induce en los propios libros de texto. Los trámites son tan sencillos que más parecen una invitación a entrar en este peligroso juego que podría no tener retorno. Con la sola solicitud, el colegio se encargará de cambiarle el nombre al menor, y se sancionará con 150.000 euros de multa al profesor díscolo que se niegue a admitir semejante barbaridad; incluso se retirará la patria potestad a los padres que osen negarse a la filosofía epicúrea del centro educativo y del Gobierno de España. Estamos hablando de una aberrante imposición legal.
Este tipo de medidas tiene el mismo cariz autoritario por parte del Estado que la obligatoriedad del uso de mascarillas que les priva de oxígeno en el momento de máxima plasticidad en la madurez cerebral; el condicionamiento a vacunarse con una inoculación experimental que ocasiona muertes e infartos en los menores de edad; la imposición de la distancia de seguridad que impide la socialización en los centros educativos, o tener las ventanas abiertas en invierno para ventilar colegios con ocasión de un virus fantasma que nadie ha secuenciado.
Es tal el absurdo de la política educativa del gobierno que, o bien responde a una supina estupidez, o es el reflejo de una agenda impuesta desde organismos internacionales que, desde luego, no responden al bienestar ni del ser humano ni de nuestros hijos; es decir, la desdicha, el sufrimiento, el suicidio y la muerte –si es que ocurre—, sin que nadie se haga responsable y mucho menos los que aprueban estas leyes salvajes impropias de una democracia y comunes en un estado eugenésico como el de los nazis.
El cuarto punto de la Agenda 2030 tiene como objetivo el ataque a la infancia con doble objetivo (digámoslo claro): por una parte, adoctrinarla para un futuro distópico donde el Estado tiene el poder absoluto sobre el ciudadano, incluyendo su esfera más íntima, como si fuese un dios, utilizando la tecnología de vigilancia 24 horas; y, por otra, reducir la población mundial. Las élites consideran que ocho mil millones de personas son un terrible problema que se les escapa de las manos y, para ello, han de reducirnos en número, bien sea impidiendo que tengamos hijos o literalmente quitándonos del medio sin que nadie se entere; y, para eso, lo que llaman vacunas de vida son ideales, ante la ignorancia de la sociedad en general.
Dicho esto, está claro que la educación es lo que menos les interesa. No desean que nuestros hijos estén formados en valores humanos como el amor, la solidaridad, la empatía, el desapego a las cosas materiales y la búsqueda de una verdadera identidad personal y espiritual que los haga sentirse realizados y plenos. Muy al contrario, se trata de inculcar el odio, el egoísmo, la insolidaridad, la dependencia adictiva a las cosas materiales y los deseos sexuales más enfermizos, así como la falta total de autoestima que los convertirá en sujetos sin opinión propia que obedezcan como esclavos.
Al hilo de lo expuesto, si hacemos un análisis del artículo 6 del Tratado de Roma, el delito de genocidio entra de lleno en lo que está planificando la ministra Irene Montero y el gobierno español en todos sus puntos. Conviene decir –y esto sí es sangrante— que en ningún momento se ha entrado a evaluar el daño que las vacunas están provocando en nuestros hijos. La sociedad en bloque está siendo víctima del feroz adoctrinamiento actual, que ya es de juzgado de guardia.
Nosotros, como colectivo global[i], mostramos no solo nuestra desaprobación, sino nuestro esfuerzo por la defensa de los derechos humanos que tanto hemos protegido hasta ahora y que no vamos a permitir que sean violados de manera arbitraria por un Estado de corte dictatorial, a las órdenes de las cúpulas del Nuevo Orden Mundial.
¿Para qué se hizo el pacto de 1989 de protección de la infancia? ¿O es que la UNICEF es cómplice de estas acciones, al igual que la banca internacional y otros organismos, hoy, en entredicho? Lanzamos estas preguntas y nos declaramos no solo en contra, sino como firmes defensores de sus derechos[ii].
[i] Psicólogos por la Verdad, grupo internacional
[ii] Se han adherido a este escrito/comunicado las organizaciones Alexia enseñamos y Libertas.