Valerie Oyarzun (jurista): «Tenemos derecho al dióxido de cloro (CDS) si no es tóxico y se ha demostrado su eficacia y efectividad»

¿Tenemos derecho o no al dióxido de cloro? planteó la jurista Valerie Oyarzun Fontanet en un acto que preparó la COMUSAV, Coalición Mundial Salud y Vida. Oyarzun, que era la española del equipo de ponentes, hizo una interesante presentación que aclara algunos datos relevantes sobre aspectos legales y éticos referentes a derechos de médicos y pacientes en relación al dióxido de cloro, un producto no incluido por la OMS en el tratamiento del Covid, pero que se está utilizando con éxito frente al coronavirus, según la COMUSAV, organización que tiene presencia en 20 países y agrupa a más de 3000 médicos.

“Todo derecho a la información y a la libertad de expresión supone un feedback”, empezó diciendo Oyarzun. “Tienes derecho a que te informen y tienes derecho a intercambiar información sobre esa materia. Son derechos fundamentales. Así viene recogido en los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, DUDH, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Además, en el artículo 27 de la DUDH “se reconoce el derecho a participar en el progreso científico”. La jurista también aclaró que la humanidad tiene derecho a la información del resultado de los ensayos clínicos e investigaciones, pues “sin esa información hay algo que no se puede ejercer y es el derecho a decidir si uno quiere tratarse o no con CDS”.

Por otro lado, precisó que “cuando la legislación y la ética médica se encuentran en conflicto los médicos deben de tratar de cambiar la legislación. Si se produce este conflicto, las responsabilidades éticas prevalecen sobre las obligaciones legales» conforme a la Declaración de la AMM sobre la relación entre el derecho y la ética de 2003. Un problema humanitario que afecta a nivel mundial está por encima de toda legislación, como viene reconocida en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005, que hace referencia a la libertad de la ciencia en beneficio de los adelantos científicos que mejoran la calidad de vida. En una pandemia como la actual debe imperar sobre todo el sentido humanitario”, añadió Oyarzun.

Todo ello se encuentra dirigido a salvaguardar el principal derecho, el de la vida, el cual viene reconocido en la DUDH, en su articulo tercero, y otros derechos que son reconocidos en todos los textos constitucionales de todos los países.

“En el ámbito de la medicina, prosiguió la jurista, estamos ante una moneda con dos caras: la de los médicos y la de los pacientes. Desde hace años se ha reconocido el derecho a la autodeterminación del paciente. La Declaración de Lisboa sobre el derecho de los pacientes reconoce que tienen derecho a ser atendidos por un médico que tendrá el derecho de dar su opinión clínica y ética sin ninguna interferencia. El paciente podrá tomar ante ello sus decisiones y el médico le informará de las consecuencias de esas decisiones”.

En cuanto a la experimentación con humanos, recordó que está sujeta a “una serie de limitaciones y compromisos entre el médico y el paciente” que se ven reflejadas en el Código de Ética de Núremberg de 1947. También en el Código Internacional de Ética Médica de 1949. “el cual establece que los intereses del ser humano deben prevalecer sobre los intereses de la sociedad y de la ciencia”.

Pero si hay una legislación que ampara el uso del dióxido de cloro es la muy mencionada Declaración de Helsinki, “que viene a decir que si las intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, con el consentimiento informado del paciente o de un representante legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no comprobadas si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento.

Para la jurista, “los médicos que están haciendo estas labores se encuentran amparados por el Código de ética de Núremberg, la Declaración de Helsinki, la Declaración de Madrid o la de Seúl. Los médicos deben atender a sus pacientes sin interferencias y se les reconoce su autonomía y discrecionalidad a la hora de adoptar sus decisiones clínicas y éticas. No debe haber interferencias de Estados, autoridades, organismos… En este sentido, toda norma que vaya contra el sentido humanitario no puede ser considerada como valida”.

“Lamentablemente -continuó -, en la II Guerra Mundial se adoptaron leyes que contravinieron los derechos fundamentales y libertades de la Humanidad, lo que derivó en el Código de ética de Núremberg, que viene a decir que todo experimento con el ser humano necesita el consentimiento informado, inexcusablemente, del paciente.

En el caso del dióxido de cloro en solución acuosa, modalidad CDS, una solución eficaz y eficiente, si se ha demostrado su no toxicidad, no existe base jurídica legal alguna para prohibir el acceso al mismo y que los médicos puedan llevar a cabo el ofrecimiento del mismo siempre y cuando este se lleve a cabo por profesionales habilitados y capacitados. Tenemos derecho al dióxido de cloro si no es tóxico y se ha demostrado su eficacia y efectividad”, concluyó Valerie Oyarzun, quién, para finalizar, recordó que la Declaración de Epidemias y Pandemias de 2017 “establece que los médicos deben de tomar todas las medidas necesarias para proteger su propia salud y la de su personal y compañeros”, haciendo referencia también a la Declaración de Ginebra de 1948, donde figura “el juramento hipocrático de los médicos y en el que se resume todo lo que se ha dicho en esta ponencia”.

Luego, en el turno de preguntas que ejercieron los periodistas invitados a asistir a esta ponencia, la jurista precisó que no podemos dejar de exigir nuestro derecho a ser tratados con dióxido de cloro, aunque en los hospitales podamos exigirlo, por ahora no se nos dará, aunque matizó que “todos aquellos que se vean limitados por una restricción de sus libertades fundamentales tendrán que acudir en cada país, a través de las herramientas que tengan, a hacer recursos de amparo, constitucionales, etcétera, a fin de reclamar y ejercitar esos derechos. Y como ha dicho la doctora Patricia Callisperis, si ya existe evidencia de la no toxicidad y eficacia del dióxido de cloro, uno de los derechos que tiene todo futuro paciente o familiar de paciente es exigir que se le aplique el dióxido de cloro”.